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Denuncias revelan presuntas presiones en la Superintendencia de Salud para imponer compras directas en el Hospital de Maicao. Infobae dio a conocer testimonios y detalles del caso.
Una presunta presión en los procesos de contratación y maniobras administrativas dentro de la Superintendencia de Salud quedó en el centro de la controversia, luego de denuncias que señalan intentos por direccionar adquisiciones mediante compra directa en el Hospital de Maicao, en La Guajira.
Las acusaciones recaen sobre Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para Prestadores de Servicios y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien habría sido señalada como responsable de las actuaciones denunciadas. Según los testimonios, las prácticas tendrían un carácter coercitivo y estarían asociadas a un eventual conflicto de interés.
La información fue dada a conocer inicialmente por Infobae Colombia, medio que reveló una denuncia anónima con testimonios de funcionarios que participaron en una reunión clave, en la que habrían ocurrido los hechos. De acuerdo con ese reporte, representantes de hospitales públicos fueron citados a un encuentro donde se reforzó la vigilancia del recinto y se limitó la movilidad de los asistentes, con el fin de forzar la firma de un compromiso de compras conjuntas.
Uno de los testigos aseguró que se dispuso control permanente y se impidió la entrada o salida de los funcionarios, hasta que todos aceptaran el acuerdo, situación que fue descrita como un escenario de presión indebida.
Según los denunciantes, las instrucciones habrían sido claras y categóricas: todas las adquisiciones, incluidos medicamentos e insumos médicos, debían realizarse exclusivamente mediante compra directa con el Hospital de Maicao, dejando por fuera los mecanismos de licitación pública.
Un participante afirmó que se les prohibió adelantar compras por licitación, pues el proceso debía hacerse de forma individual y directa. Además, advirtió que los modelos contractuales estarían diseñados para favorecer acuerdos previamente definidos, lo que eliminaba la libre competencia entre proveedores.
Este tipo de hechos no serían aislados. De acuerdo con denuncias previas, en abril de 2025 se habría presentado un esquema similar, con presuntas dinámicas de presión orientadas al direccionamiento de la contratación.
En uno de los episodios más visibles, un video difundido en redes sociales muestra a un funcionario identificado como Mario Castro, quien intenta explicar las dificultades derivadas de trámites presupuestales pendientes. Durante su intervención, Gómez Consuegra lo interrumpe y cuestiona su idoneidad profesional, en un tono que los asistentes calificaron como intimidante.
En ese contexto, la funcionaria habría advertido que no permitiría que se siguiera engañando al país, según los testimonios conocidos.
Mientras el funcionario insistía en la imposibilidad legal de firmar compromisos sin la documentación requerida, la superintendente habría exigido una decisión inmediata, planteando como única alternativa suscribir el acuerdo en ese momento o presentar la renuncia al cargo.
Quienes estuvieron presentes señalaron que este proceder presuntamente contraviene directrices presidenciales y que se habría actuado al margen de las instrucciones del superintendente Bernardo Camacho, lo que acentuó la percepción de arbitrariedad administrativa y el distanciamiento frente a los lineamientos del presidente Gustavo Petro para el sistema de salud.
La reunión habría concluido con una advertencia considerada inapelable: firmar sin más dilación o dejar el cargo, en un ambiente donde la posibilidad de negociación dejó de existir.
Los asistentes describieron una sensación generalizada de presión y ausencia de alternativas legales, asegurando que la orden habría sido firmar de inmediato, sin aplazamientos.
Varios funcionarios manifestaron la imposibilidad de suscribir los contratos de forma inmediata, argumentando la falta del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), requisito indispensable en la contratación pública. Frente a ese planteamiento, la respuesta habría sido un nuevo reproche sobre el desconocimiento de los procedimientos legales.
Uno de los presentes resumió la situación al afirmar que ese día era jurídicamente imposible firmar el contrato, declaración que habría recibido una contestación abrupta, cuya frase quedó inconclusa.
Humberto ‘Toto’ Torres
