Demandantes piden salida de David Racero de la Cámara por considerar que “la sanción es esencial para proteger la integridad del Congreso”

En audiencia celebrada este 3 de diciembre, ante la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, los tres grupos de demandantes que impulsan el proceso contra el representante David Racero reiteraron que existe una “causal evidente de muerte política” por el presunto uso irregular de un funcionario de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en actividades privadas.

Los solicitantes señalaron que el congresista habría incurrido en uso indebido de recursos públicos al permitir que un integrante de su equipo se desempeñara como cajero en un supermercado de su propiedad. Según ellos, este hecho demuestra una violación grave al régimen de inhabilidades y al correcto manejo de los recursos del Estado, lo que justificaría su salida definitiva de la Cámara de Representantes.

Señalamientos sobre conocimiento previo de la conducta

De acuerdo con los accionantes, entre ellos el abogado Samuel Ortiz, Racero tenía pleno entendimiento de la irregularidad, pues recibía reportes —según varios registros de chat aportados al expediente— sobre las ventas del establecimiento comercial. Para los demandantes, esto indicaría que el congresista conocía la improcedencia de emplear trabajadores públicos para fines particulares y comerciales, situación que consideran suficientemente demostrada en el proceso.

Llamado a proteger la integridad del Congreso

Uno de los demandantes, Yoad Becerra, sostuvo que la continuidad de Racero en el Legislativo afectaría la credibilidad institucional. En su intervención afirmó que la sanción sería necesaria para “resguardar la ética del Congreso, asegurar la moralidad administrativa y mantener la confianza ciudadana en el respeto al orden constitucional”, argumento que recalcó durante la diligencia.

“Aceptación tácita” y pruebas presentadas

Los demandantes agregaron que la actuación del representante configuraría una “aceptación tácita” del uso indebido de su UTL en tareas ajenas a las funciones públicas. Sostuvieron que, tras analizar el material probatorio exigido en este tipo de juicios, la pérdida de investidura estaría suficientemente sustentada, según afirmaron en una intervención que se prolongó cerca de treinta minutos.

La decisión final del Consejo de Estado se conocerá en las próximas semanas, una vez la Sala estudie de fondo los argumentos y las pruebas allegadas por las partes.

Humberto ‘Toto’ Torres