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María Cristina Cuéllar, ciudadana que logró mediante tutela restringir las transmisiones de consejos de ministros en canales privados, solicitó formalmente al Consejo de Estado que investigue un presunto incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, por utilizar una reciente alocución sobre fiebre amarilla para, según ella, evadir el fallo judicial y realizar ataques políticos.
Los argumentos de la demanda
En el documento radicado, Cuéllar acusa a Petro de:
- “Irrumpir” en programación privada bajo la figura de alocución presidencial, pero con contenido político.
- Extender indebidamente su intervención para criticar el fallo judicial, medios de comunicación y gremios económicos.
- No enfocarse en soluciones concretas contra la fiebre amarilla, pese a ser el tema anunciado.
“Lo sucedido no fue una ‘alocución’ sino una intervención extensa, orientada inicialmente a criticar el fallo de tutela (…) y a los gremios económicos que, según él, están detrás de esta acción”, señala el texto.
“Burla a la institucionalidad”
La accionante asegura que Petro desconoció el espíritu de la sentencia que regulaba sus apariciones en medios privados:
“Con respeto por la figura presidencial, esto se traduce en una burla a la orden de amparo (…) persistiendo en una conducta renuente al cumplimiento de la Ley”.
Incluso sugiere sanciones “creativas”:
- Permitir a canales desconectarse de transmisiones sin represalias.
- Imponer multas o arrestos por incumplimiento.
Antecedentes del conflicto
El caso se remonta a febrero de 2025, cuando el Consejo de Estado limitó los consejos de ministros televisados, tras una tutela que argumentaba:
- Uso partidista de espacios de comunicación oficial.
- Vulneración al derecho a la información por sesgo político.
Petro había reaccionado entonces calificando el fallo como “censura”, y ahora enfrenta esta nueva controversia por su reciente intervención.
¿Qué sigue para el consejo de ministros?
El Consejo de Estado deberá decidir si:
- Admite el incidente de desacato.
- Ordena medidas para garantizar el cumplimiento de su fallo original.
Mientras, el debate sobre los límites a la comunicación presidencial sigue abierto, en un pulso inédito entre el gobierno y la justicia.
Humberto ‘Toto’ Torres
