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Entre sus razones, denunció un esquema de protección insuficiente y un ambiente hostil para ejercer oposición. En medio de su retiro, respondió a señalamientos de Nicolás Petro, quien lo acusó de presionar al presidente para favorecer a la vicefiscal Mancera.
El exfiscal general Francisco Barbosa anunció su retiro de la precandidatura presidencial para 2026, argumentando que no recibió garantías mínimas de seguridad para desarrollar una campaña en condiciones equitativas. “Nunca se resolvieron los problemas de seguridad personal que yo había planteado al gobierno, la UNP y la Fiscalía luego del asesinato de Miguel Uribe”, afirmó. Según Barbosa, su esquema de protección fue reducido de forma significativa, lo que lo dejó expuesto en sus desplazamientos por el país.
“Ni siquiera inicié recorridos en el territorio nacional”, agregó, señalando que su rol como exfiscal lo hacía especialmente vulnerable por las decisiones que tomó durante su gestión, como la extradición de narcotraficantes y la judicialización de miembros de la primera línea.
La renuncia de Barbosa se da en un momento de división en los sectores de derecha, donde el exfiscal había propuesto participar en una consulta interpartidista. En su declaración, insistió en que “se necesitan cuatro P para ganar una elección: protección, partidos, programas y plata”, y advirtió que muchos precandidatos no cuentan con esos elementos. Su llamado fue contundente: quienes no superen el 2 % en las encuestas deberían retirarse y sumarse a quienes tengan mayor opción.
“No puede haber veinte o treinta candidatos representando lo mismo, porque la dispersión es lo que permite que una postura como la que gobierna hoy pueda sostenerse”, dijo. Aunque no definió a qué campaña se sumará, dejó abierta la posibilidad de apoyar un proyecto que represente consenso.
Sumado a esto, Barbosa enfrentó señalamientos por parte de Nicolás Petro, hijo del presidente, quien lo acusó de intentar negociar la permanencia de la vicefiscal Martha Mancera a cambio de reducir la presión judicial sobre su caso. “El fiscal Francisco Barbosa fue a hablar con el presidente y le dijo que a cambio de no seguir adelante con el proceso de Nicolás, tenía que dejar que la fiscal Mancera se quedara dentro de la Fiscalía. Eso era una especie de extorsión velada contra el propio señor presidente”, afirmó el abogado Alejandro Carranza. Nicolás Petro también señaló que tanto Barbosa como otros actores políticos construyeron sus candidaturas a partir de su proceso judicial, lo que calificó como “un asesinato moral en contra mía y del presidente”.
Barbosa negó rotundamente las acusaciones y calificó la versión como “una declaración falsa y difamatoria”. Aseguró que los procesos en la Fiscalía se manejan con autonomía y que nunca existió un acuerdo con el presidente. “Los acuerdos se hacen entre amigos. Yo no soy amigo del presidente y antes fui su contradictor institucional”, respondió. También cuestionó la oportunidad de las denuncias, preguntando por qué no se hicieron en su momento si realmente existieron. “Estoy esperando exactamente qué es lo que ellos quieren plantear”, dijo, sugiriendo que la estrategia podría estar ligada a objetivos electorales o mediáticos.
La tensión entre Francisco Barbosa y el entorno presidencial dejó de ser un asunto jurídico para convertirse en un pulso político. Nicolás Petro lo acusó de extorsión; Barbosa lo negó y respondió con una frase que resuena: “Los acuerdos se hacen entre amigos. Yo no soy amigo del presidente”. Su retiro no solo se da por falta de seguridad, sino por un ambiente donde ejercer oposición parece insostenible.
La renuncia del exfiscal y los señalamientos en su contra no son hechos menores. Se cae una figura que buscaba representar a la derecha, y se incrusta una duda sobre el uso de la justicia como herramienta de presión. Barbosa se aparta, pero deja una advertencia: sin garantías, sin unidad y sin institucionalidad sólida, el debate electoral se contamina. Y el país, más que elegir, parece estar aprendiendo a desconfiar.
Juan Joya
