Del paro arrocero a la regulación: el precio del arroz lo pone el Gobierno ¿Se cumplirá el acuerdo?

Luego de once días de paro, el Gobierno Nacional responde con una resolución que fija precios mínimos por región. ¿Se estabiliza el mercado o persisten los riesgos?

El Ejecutivo expidió este viernes 1 de agosto la Resolución 000241 de 2025, mediante la cual se somete el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios. La medida, anunciada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, responde a los compromisos adquiridos tras el paro arrocero que se extendió por once días y que movilizó a productores en al menos once departamentos del país.

En ese sentido, la resolución establece precios mínimos por tonelada de arroz paddy verde, diferenciados por región: Bajo Cauca ($1.491.478), Centro ($1.589.489), Costa Norte ($1.512.785), Llanos ($1.457.387) y Santanderes ($1.555.398). Estos valores fueron definidos con base en estudios técnicos que reconocen los costos de producción y buscan evitar que el precio de compra se ubique por debajo del umbral de sostenibilidad para los productores.

En concordancia, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, calificó la medida como “excepcional y transitoria”, y aseguró que será objeto de monitoreo permanente. Además, se anunció un régimen similar para el arroz blanco, un plan de choque contra el contrabando liderado por la DIAN y la POLFA, y acciones coordinadas con el Ministerio de Comercio para fortalecer la defensa comercial del sector.

De otra parte, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, destacó que se evaluarán mecanismos de control aduanero para combatir el ingreso de arroz a precios artificialmente bajos. La resolución también obliga a los compradores a reportar semanalmente en la plataforma SIRIARROZ los precios pagados, las cantidades adquiridas, condiciones de pago y demás detalles de las transacciones.

Aunque el impacto de esta medida es significativo, representa un intento por recuperar la estabilidad del sector arrocero, afectado por una caída de hasta el 25% en los precios durante el último año. Los productores habían denunciado que el valor de la carga de 125 kilos había descendido a $170.000, cuando estiman que debería rondar los $200.000. La sobreoferta derivada del aumento del área sembrada y la falta de regulación habían agudizado la crisis.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre la sostenibilidad de la medida. Aunque la resolución responde a una demanda legítima del campesinado y busca proteger la soberanía alimentaria, su carácter transitorio exige un seguimiento riguroso. El Gobierno deberá garantizar que los mecanismos de control funcionen, que los precios se mantengan dentro de los márgenes establecidos, y que se avance hacia un acuerdo de cadena que incluya a todos los actores del proceso productivo. De lo contrario, el alivio podría ser efímero y el conflicto, recurrente.

Juan Joya