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9 octubre, 2026
La entidad solicitó al Ministerio del Interior suspender la expedición del proyecto hasta garantizar la consulta previa con los pueblos indígenas y concertar el alcance del sistema de información.
La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Nacional no expedir, en su versión actual, el decreto que crearía un sistema de información sobre guardias indígenas, al advertir posibles afectaciones a la autonomía, el gobierno propio y la seguridad de estas comunidades. La entidad solicitó que la iniciativa se discuta mediante consulta previa y concertación con los pueblos indígenas.
El proyecto busca adicionar un capítulo al Decreto 1066 de 2015 y dejar la administración del sistema en manos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior. La propuesta pretende consolidar información sobre las guardias existentes, los territorios donde actúan, las autoridades que las orientan y el número aproximado de integrantes.
Según el Gobierno, la falta de información unificada dificulta la coordinación entre las comunidades y las entidades públicas en asuntos de protección, prevención, reparación, fortalecimiento y cooperación. El sistema permitiría organizar los reportes suministrados por las propias autoridades indígenas para facilitar esa articulación institucional.
La Defensoría advierte que el alcance de la iniciativa va más allá de una herramienta administrativa. Las guardias indígenas son instituciones propias de los pueblos y su existencia no depende de un registro o reconocimiento estatal, por lo que la entidad teme que el mecanismo termine condicionando su reconocimiento, representación o interlocución con el Gobierno.
La preocupación también abarca las distintas formas de organización de los pueblos indígenas. Para la Defensoría, una definición construida unilateralmente por el Estado podría desconocer sus particularidades y afectar el ejercicio de la autonomía con la que cada comunidad organiza sus mecanismos de protección y autoridad.
Otro punto de controversia es la consulta previa. La entidad recuerda que publicar un proyecto de decreto y abrir un espacio para recibir comentarios ciudadanos no sustituye la consulta previa cuando una medida puede afectar directamente a comunidades étnicas. Por eso, pidió que la discusión se adelante en la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas antes de adoptar una decisión.
La Defensoría también alertó sobre los riesgos de concentrar información territorial, organizativa y de contacto en una base de datos, especialmente en zonas afectadas por el conflicto armado, la presencia de grupos ilegales y las amenazas contra guardias y líderes indígenas.
Según la entidad, la combinación de datos que parecen públicos puede facilitar la identificación de autoridades, liderazgos y estructuras comunitarias, lo que aumentaría la exposición a seguimientos, estigmatización, individualización o judicialización. La advertencia pone el manejo de la información en el centro de la discusión sobre las garantías de seguridad para quienes ejercen estas funciones.
La propuesta de la Defensoría no descarta que exista un mecanismo de información. Plantea que, si se desarrolla, debe construirse mediante consulta y concertación, respetar la autonomía de los pueblos y funcionar como una herramienta al servicio de sus propios sistemas de protección.
La decisión del Ministerio del Interior marcará el siguiente paso de la iniciativa: avanzar hacia un sistema concertado con las comunidades o mantener un proyecto que, según las advertencias de la Defensoría, podría generar tensiones con los derechos colectivos y aumentar los riesgos para los integrantes de las guardias indígenas.
