Defensoría había alertado por reclutamiento forzado en zonas que luego fueron bombardeadas por el Gobierno

Las tensiones entre las advertencias humanitarias y la ofensiva militar del Estado vuelven a quedar expuestas. La Defensoría del Pueblo había alertado sobre la presencia de menores reclutados por estructuras armadas en los mismos territorios donde, semanas después, el Gobierno autorizó bombardeos contra disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Tres de los territorios donde murieron la mayoría de los menores estaban incluidos en una sola de las alertas tempranas emitidas este año, una coincidencia que aviva el debate sobre las garantías del Derecho Internacional Humanitario y el impacto de las operaciones ofensivas.

El presidente Gustavo Petro reiteró que durante tres años exigió a la inteligencia militar “información concluyente” para asegurar que no hubiera menores en los objetivos antes de autorizar un bombardeo. Aun así, las operaciones solo arrancaron en 2024, dirigidas principalmente contra el brazo armado de alias “Iván Mordisco” y el Clan del Golfo. Desde enero, la Defensoría había publicado tres alertas tempranas sobre crímenes de grupos armados en regiones donde luego se confirmaría la muerte de menores, un punto que hoy pone bajo la lupa la coordinación entre las instituciones del Estado.

Las alertas tempranas, diseñadas para “prevenir agresiones y proteger a las poblaciones”, describen escenarios críticos de violaciones de Derechos Humanos. En su primera alerta de 2025, la Defensoría advirtió sobre un riesgo creciente en siete departamentos del sur del país, entre ellos Amazonas y Guaviare, dos de los territorios donde el presidente Petro autorizó bombardeos desde agosto.

En Amazonas, específicamente en Puerto Santander, las Fuerzas Militares adelantaron el 1.° de octubre una ofensiva contra el grupo de “Iván Mordisco”. Cuatro menores fallecieron en ese bombardeo, mientras versiones oficiales del Gobierno situaron inicialmente la operación en Caquetá. Sin embargo, Medicina Legal y la Defensoría sostienen que la acción ocurrió en territorio amazónico. La Procuraduría tendrá que resolver la contradicción en varias de las indagaciones abiertas por la muerte de menores.

El 5 de noviembre, las Fuerzas Militares calificaron la operación como un “contundente golpe contra el terrorismo”, destacaron la “recuperación de un menor” y la “neutralización de cuatro miembros” de la disidencia. Medicina Legal confirmó que entre los fallecidos había menores reclutados. Puerto Santander ya figuraba junto a Solano (Caquetá), Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán (Putumayo), y Mesetas (Meta), como uno de los municipios en “riesgo inminente y extremo” ante la “significativa degradación del conflicto armado”.

La Defensoría también documentó “prohibición de gestión digna de cadáveres”, reclutamiento forzado y la “baja” de niñas, niños y adolescentes en combate, además de afectaciones a pueblos indígenas en riesgo de exterminio. Según la entidad, el principal peligro en los territorios advertidos era el recrudecimiento de choques armados entre disidencias, una dinámica que fortalece el reclutamiento y expone brutalmente a los menores.

En noviembre de 2024, la llegada de la estructura de alias “Calarcá” a Calamar (Guaviare) generó nuevas alertas. Sus enfrentamientos con hombres de “Iván Mordisco” preocuparon a las comunidades y a la Defensoría. El Gobierno está en diálogos con “Calarcá”, pero las confrontaciones se mantienen activas, y el 10 de octubre, cuando 150 hombres de “Mordisco” se preparaban para emboscar a veinte militares en el resguardo Itilla, Petro autorizó un bombardeo. Siete menores murieron.

Aunque la Alerta 001 de 2025 no menciona específicamente riesgo de reclutamiento en El Retorno, sí advierte sobre el agravamiento de choques entre ambas disidencias y el desplazamiento forzado de menores reclutados. El documento señala que el refuerzo de tropas ilegales ha ido acompañado del reclutamiento de “NNA provenientes del suroccidente del país”, trasladados luego a Putumayo, Caquetá y Meta.

Las disidencias de “Mordisco” —señala la alerta— cuentan con “una importante composición de niños y niñas indígenas” en zonas como Puerto Leguízamo, Solano y Puerto Santander. Varios de estos menores son reclutados desde Cauca, Nariño y Valle del Cauca, lo que revela una estructura consolidada y sistemática de captación forzada.

Nueve meses después, en octubre, la Defensoría publicó la Alerta Temprana 013 de 2025, enmarcada en el proceso electoral. Allí llamó a una acción estatal “urgente” en Puerto Santander para prevenir posibles hechos violentos y garantizar el acceso al voto. El documento advierte sobre restricciones de movilidad, enfrentamientos, imposición de normas ilegales y crímenes como violencia sexual y reclutamiento.

Tres días después del bombardeo en Calamar, el presidente Petro anunció otra operación similar en Puerto Rondón, Arauca. Ocho personas murieron, una era menor, según Medicina Legal. La Alerta Temprana 014 de 2025, publicada el 8 de octubre, advertía sobre “graves riesgos” para la población civil por enfrentamientos entre un frente del ELN y tres estructuras del Estado Mayor Central de “Mordisco”.

La entidad reiteró que los menores en Arauca “continúan siendo involucrados directamente en el conflicto”, y que el reclutamiento genera “graves consecuencias”, desde la pérdida del proyecto de vida hasta exposición a múltiples formas de violencia. Además, alertó sobre un “claro subregistro” de reclutamientos: solo en Arauca se han documentado 415 casos entre 1985 y 2025. También se han acreditado traslados de menores desde Cauca hacia ese departamento.

La Defensoría advierte una situación crítica: “la altísima vulnerabilidad y riesgo de los NNA de las comunidades indígenas”, con casos documentados de niñas reclutadas desde los once años y la muerte de dos menores en Tame entre agosto y septiembre. Un patrón que, pese a las alertas, sigue alimentando el conflicto y evidenciando el drama que enfrentan los territorios más olvidados del país.

Humberto ‘Toto’ Torres