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19 noviembre, 2025La Defensoría del Pueblo hizo este miércoles 19 de noviembre un llamado urgente a las autoridades gubernamentales tras la Asamblea de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Arauca (Fedejuntas), realizada en ese departamento, para exigir mayores garantías de protección a las y los dignatarios comunales, quienes cumplen su labor en medio de amenazas, asesinatos y desplazamientos.
Según la entidad, el objetivo es que estos líderes puedan desarrollar su trabajo sin temor, dado el incremento de la violencia contra ellos en los últimos años. Por lo que durante el encuentro, la Defensoría advirtió que el riesgo que enfrentan quienes integran la acción comunal en Arauca es alarmante, recordando que “durante el 2024 fueron asesinados 13 líderes y lideresas comunales” y que, en lo corrido del año, ya se han registrado “cinco personas ultimadas” en hechos relacionados con el conflicto. Asimismo, indicaron que la situación evidencia una afectación profunda que requiere acciones inmediatas y coordinadas de todas las instituciones competentes.
La reunión contó con la participación de la Regional Arauca y permitió reforzar la solicitud de garantías logísticas y de seguridad para las elecciones comunales programadas para 2026. El ente pidió a Gobierno Nacioonal, departamental y local, “impulsar las debidas garantías” que permitan llevar a cabo los comicios sin que la violencia ponga en riesgo a las comunidades; y recordó que el conflicto armado interno ha golpeado con fuerza la estructura social y organizativa del departamento.
En el espacio de diálogo, al que asistieron cerca de 50 personas, la Defensoría resaltó el aporte de los representantes comunales en municipios como Tame, Saravena, Fortul, Puerto Rondón, Arauquita, Cravo Norte y la capital, Arauca. La entidad destacó que estas personas “desempeñan una labor fundamental en la organización social y la construcción del bienestar colectivo”, pues son un puente entre las comunidades y el Estado para gestionar proyectos y atender necesidades históricas.

En ese sentido, señaló que el rol de las lideresas y líderes se ejerce en condiciones particularmente difíciles. En los corregimientos, veredas y barrios, muchos deben enfrentar “riesgos, limitaciones y desafíos derivados del accionar indiscriminado de las estructuras armadas”, lo cual afecta de manera directa su integridad y su capacidad de acción. Para la Defensoría, su trabajo —centrado en la defensa del territorio, la convivencia y la gestión comunitaria— es esencial para el desarrollo y la seguridad local.
Ante este panorama, la institución reiteró que “su labor es vital para el desarrollo local, la seguridad y el bienestar general”, por lo que pidió con urgencia que se garantice un entorno seguro que les permita ejercer sus funciones sin amenazas. Insistió en que las comunidades a las que representan también sufren graves afectaciones en materia de seguridad, por lo que la protección de los líderes comunales es una condición indispensable para la protección colectiva.
Finalmente, la Defensoría reafirmó su compromiso de acompañar a estas organizaciones desde su mandato constitucional. Aseguraron que continuará “alertando riesgos, exigiendo respuestas institucionales y fortaleciendo la capacidad de protección del Estado” ante las amenazas que persisten; y concluyeron destacando que con una acción articulada entre las instituciones y la comunidad, será posible que estos líderes comunales ejerzan su labor en mejores condiciones y sin que su vida o integridad esté en peligro.
Dayineth Isabel Molina Velásquez




