Defensoría denuncia abusos y malos tratos a colombianos deportados de EE. UU.

¿Cuál es la respuesta del país norteamericano ante estos señalamientos?

La Defensoría del Pueblo de Colombia, a través de su titular, Iris Marín, manifestó su inquietud por las denuncias de maltrato y abusos contra los colombianos deportados desde Estados Unidos, en el marco de las recientes órdenes ejecutivas implementadas por la administración estadounidense. Durante una reunión con el relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, Gehad Madi, Marín expuso las preocupaciones sobre la situación en la frontera entre Colombia y Panamá, así como las condiciones en las que se llevan a cabo los procesos de deportación.

Según la Defensoría del Pueblo, en varios procesos de deportación masiva se han documentado denuncias de maltrato físico, abuso sexual, requisas invasivas, despojo de pertenencias y condiciones indignas en los centros de detención donde permanecen los migrantes antes de ser enviados a Colombia. La entidad advirtió que la situación ha empeorado tras la implementación de las nuevas políticas migratorias en EE. UU., lo que ha incrementado el número de colombianos deportados y ha expuesto a muchos a tratos degradantes.

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“La entidad expresó su preocupación por las deportaciones masivas desde Estados Unidos, en el marco de nuevas órdenes ejecutivas de la actual presidencia de ese país. En estos procesos se han documentado casos de maltrato, abuso sexual, requisas inapropiadas, despojo de pertenencias y condiciones indignas en los centros de detención”, indicó la defensora Iris Marín.

La reunión con la ONU también abordó la crisis migratoria en la frontera entre Colombia y Panamá, particularmente en la peligrosa región del Urabá Darién. Según cifras de la Defensoría, en 2024 un total de 400.612 migrantes cruzaron por esta zona en su intento por llegar a Norteamérica. Las cifras revelan que la mayoría de migrantes provienen de Venezuela (302.185), Ecuador (22.785), Colombia (17.529), Haití (17.329), China (12.214) e India (6.927). De este total, 126.151 son mujeres, 195.369 hombres y 72.092 son menores de edad, incluyendo niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ).

Uno de los aspectos más preocupantes para la Defensoría es el riesgo de violencia de género y abuso sexual que enfrentan las mujeres y niños en su tránsito por esta ruta. La Defensoría ha señalado que las condiciones en las que se realiza el proceso de deportación, así como el trato recibido por los deportados, son inaceptables y requieren de una intervención urgente por parte de las autoridades competentes. La entidad ha instado al Gobierno Nacional a tomar medidas inmediatas para garantizar la protección de los derechos humanos de los deportados y a trabajar en conjunto con las autoridades estadounidenses para mejorar las condiciones en los centros de detención y en los procesos de deportación.

La Defensoría del Pueblo también ha solicitado la colaboración de organismos internacionales, como la ONU y la OEA, para supervisar y garantizar que se respeten los derechos humanos de los migrantes durante el proceso de deportación. Iris Marín subrayó la importancia de adoptar un enfoque integral que aborde las causas estructurales de la migración y que promueva políticas migratorias humanitarias y respetuosas de los derechos humanos.

“Es fundamental que se realicen esfuerzos conjuntos entre los países de origen, tránsito y destino para asegurar que los migrantes no sean víctimas de abusos y malos tratos durante su desplazamiento”, concluyó Marín.

 Juan Joya