Defensoría del Pueblo pide al Gobierno nombrar un director idóneo y estable para la Unidad de Víctimas

La Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a designar de manera inmediata un director con idoneidad y experiencia para la Unidad para las Víctimas, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación dentro de la entidad. La advertencia fue hecha por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien cuestionó la falta de una designación en propiedad para un cargo clave en la atención del conflicto armado.

Según señaló la funcionaria, la labor de la Unidad para las Víctimas es altamente sensible y estratégica, tanto para la atención de crisis humanitarias en las regiones como para los procesos de reparación. En ese contexto, advirtió que la improvisación y la inestabilidad administrativa están afectando gravemente la garantía de derechos de millones de víctimas y personas desplazadas en el país.

En un pronunciamiento oficial, la Defensoría subrayó que la estabilidad y la transparencia en la dirección de la entidad son indispensables para impulsar medidas y políticas públicas efectivas en favor de la población afectada por el conflicto armado. La entidad insistió en que la falta de continuidad institucional debilita la respuesta del Estado frente a las víctimas.

El llamado también incluyó la exigencia de garantizar estabilidad en la dirección de la Unidad, responder a los cuestionamientos relacionados con presuntos hechos de corrupción y asegurar una correcta implementación de la política pública de víctimas. Para la Defensoría, estos elementos son determinantes para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la atención integral.

El pronunciamiento recordó que el pasado viernes fue declarado insubsistente el entonces director general, Adith Rafael Romero, en medio de denuncias por posibles irregularidades contractuales, y que en su reemplazo fue designado de manera provisional Breiner Rafael Osorio. Esta situación se suma a un historial de cambios frecuentes en la dirección de la entidad.

De acuerdo con la Defensoría, entre 2022 y 2026 la Presidencia de la República ha nombrado a cinco personas distintas, entre directores en propiedad y encargos, en la Dirección General de la Unidad para las Víctimas, lo que ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública.

La entidad también expresó su preocupación por las denuncias de presuntos actos de corrupción conocidas a través de medios de comunicación, y sostuvo que, de confirmarse, exigen una respuesta inmediata del Gobierno y la intervención de los organismos de control competentes.

En el documento, la Defensoría enfatizó que la estabilidad y la transparencia en la coordinación de la Unidad son claves para impulsar las medidas en favor de las víctimas, cuyo universo representa cerca del 20 % de la población del país, especialmente aquellas priorizadas en el CONPES de soluciones duraderas y en la reglamentación de la Ley 2421 de 2024.

Finalmente, el organismo advirtió que hasta el viernes pasado, pese a la salida del director, la entidad había ejecutado 48 contratos, entre ellos uno por cerca de 71.000 millones de pesos, situación que incrementa la necesidad de controles claros y liderazgo sólido en la Unidad para las Víctimas.

Humberto ‘Toto’ Torres