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La Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente para derribar las barreras históricas que impiden el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres campesinas en Colombia, en el marco de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, que se desarrolla en Cartagena, en el departamento de Bolívar.
Durante el encuentro internacional, la entidad de derechos humanos advirtió sobre la necesidad de revisar de manera profunda los programas públicos dirigidos al sector rural, con el fin de que respondan a las condiciones específicas que enfrentan las mujeres en el campo colombiano, marcadas por desigualdades persistentes.
La institución también subrayó que la dignificación de las mujeres rurales, campesinas y dedicadas a la pesca debe ocupar un lugar prioritario en la agenda pública, dado que continúan enfrentando obstáculos estructurales en el acceso a la tierra, la educación, la salud y la participación política.
Reforma legal y desafíos en la lucha contra la violencia de género
Como una ventana de oportunidad, la Defensoría destacó la aprobación de la Ley 2462 de 2025, que incorpora medidas clave para fortalecer el acceso de las mujeres rurales a la tierra, promover su autonomía económica, facilitar el crédito agropecuario y garantizar el derecho a la educación y a una vida libre de violencias.
No obstante, la entidad advirtió que las violencias basadas en género continúan siendo el principal obstáculo para el ejercicio efectivo de sus derechos, configurando un panorama preocupante en las zonas rurales.
El primer escenario donde se manifiestan estas violencias es el ámbito privado. Allí, persisten relaciones de poder de carácter patriarcal que relegan a las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado, reforzadas por agresiones económicas, físicas, patrimoniales y psicológicas que perpetúan la desigualdad.
Acceso a la tierra: el talón de Aquiles de la equidad rural
En materia de propiedad rural, el déficit en el acceso a la tierra sigue siendo uno de los mayores desafíos para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres campesinas.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 63,7 % de los predios con único propietario está en manos de hombres, mientras que solo el 36,3 % pertenece a mujeres. Además, el 72,1 % de la propiedad rural femenina corresponde a minifundios, lo que limita su capacidad productiva y de generación de ingresos.
Para la Defensoría, la democratización efectiva de la reforma agraria entre hombres y mujeres es una condición indispensable para alcanzar la autonomía económica femenina en el campo.
Las cifras de pobreza refuerzan esta preocupación. En 2024, el 24,4 % de los hogares rurales con jefatura femenina se encontraba en situación de pobreza multidimensional, frente al 23,4 % de los hogares con jefatura masculina, de acuerdo con datos del Dane.
A ello se suma que, en 2025, el 59,68 % de las víctimas de violencia con lesiones no fatales en zonas rurales fueron mujeres, según reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo que evidencia la magnitud del problema.
Mujeres rurales: motor de la economía campesina
Colombia cuenta con 10,2 millones de personas que se identifican como campesinas, de las cuales 4,9 millones son mujeres, es decir, el 48,8 %, según el Dane. Las mujeres campesinas desempeñan un papel determinante en la producción agrícola y en la sostenibilidad de la economía rural, liderando proyectos productivos y asumiendo labores fundamentales de cuidado.
Tanto las trabajadoras del campo como aquellas vinculadas a la pesca cumplen una función esencial en la economía campesina, familiar y comunitaria, aunque su aporte continúa siendo subvalorado.
Brechas en el acceso al crédito y concentración de recursos
En el ámbito financiero, las desigualdades también son evidentes. Durante 2025, solo el 5,35 % del monto total del crédito agropecuario fue otorgado a mujeres, y apenas el 3,54 % llegó a aquellas en condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica, de acuerdo con datos de Finagro (2026).
Estas cifras demuestran que el crédito agropecuario continúa concentrado en sectores con mayor capacidad económica, perpetuando sesgos de género que limitan las oportunidades de autonomía financiera para las mujeres rurales.
Trabajo no remunerado y baja participación política
El trabajo no remunerado constituye otra brecha significativa. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del Dane (2021) revela que el 93,1 % de las mujeres rurales mayores de diez años participa en labores no remuneradas, frente al 56,9 % de los hombres en las mismas condiciones.
En el plano político, la participación femenina es mínima: apenas el 0,6 % de las mujeres campesinas integra un movimiento o partido político, según cifras del Dane (2023). Esta limitada presencia reduce su incidencia en la formulación de políticas públicas que impactan directamente sus derechos.
La invisibilidad del trabajo doméstico y comunitario, la débil presencia institucional en el campo y las restricciones en el acceso a apoyos estatales dificultan su participación activa en los espacios de decisión.
Llamado urgente al Estado
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo insistió en que el cierre de las brechas de género en el campo debe convertirse en una prioridad estatal, instando a las autoridades nacionales y territoriales a cumplir de manera efectiva lo establecido en la Ley 2462 de 2025.
La normativa ordena garantizar igualdad de derechos, acceso a tierra, vivienda, crédito, educación y participación política para las mujeres rurales, campesinas y dedicadas a la pesca, un mandato que, según la entidad, debe traducirse en acciones concretas que transformen la realidad del campo colombiano.
Sala Digital Colmundo
