La Defensoría del Pueblo hizo sonar las alarmas este martes tras recibir testimonios preocupantes de directivos hospitalarios sobre una grave crisis financiera que amenaza con paralizar servicios médicos en todo el país. Durante una reunión celebrada en Bogotá, la defensora Iris Marín Ortiz escuchó los dramáticos relatos de representantes de los tres principales gremios hospitalarios y más de 15 gerentes de instituciones de diversas regiones.
“Los retrasos en los pagos por parte de las EPS están llevando al sistema al límite”, alertó Marín Ortiz tras el encuentro. Los directivos hospitalarios detallaron cómo esta situación ha generado un efecto dominó:
Uno de los puntos más críticos señalados fue las restricciones en el uso de los recursos de la UPC, combinado con exigentes requisitos informáticos que complejizan los procesos de facturación. “Cuando una EPS es intervenida o liquidada, se paraliza el flujo de recursos y las instituciones quedan en el limbo”, explicó un gerente hospitalario que participó en la reunión.
La Defensoría destacó que la situación es particularmente grave en zonas apartadas, donde las barreras geográficas y la falta de transporte convierten cualquier interrupción del servicio en un riesgo vital para poblaciones vulnerables, especialmente niños. “No podemos permitir que un problema administrativo se convierta en una emergencia humanitaria”, enfatizó la defensora.
Ante este escenario, la entidad anunció que:
La crisis hospitalaria se produce en un contexto donde varias EPS enfrentan procesos de intervención o liquidación, generando un efecto dominó que pone en jaque la sostenibilidad financiera de clínicas y hospitales en todo el territorio nacional.
Humberto ‘Toto’ Torres