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18 marzo, 2026La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por las graves afectaciones que enfrenta la población civil en el municipio de Bajo Baudó, tras el paro armado indefinido anunciado por el Ejército de Liberación Nacional. La entidad advirtió que esta situación compromete derechos fundamentales como la vida, la integridad, la seguridad y la libre movilidad.
El paro armado, que comenzó a la medianoche del 17 de marzo, es el primero registrado este año en el departamento de Chocó y ha elevado significativamente los riesgos para las comunidades. De acuerdo con la Defensoría, la medida impacta a 25 comunidades: 16 afrocolombianas y 9 indígenas, que en conjunto suman más de 6.000 personas, consideradas sujetos de especial protección constitucional.
Uno de los efectos más críticos es el confinamiento de las comunidades, que ha restringido la movilidad por los principales corredores fluviales de la región. Esta situación dificulta el acceso a alimentos básicos, limita la atención en salud e interrumpe la asistencia escolar de niños, niñas y jóvenes.
Además, las misiones humanitarias enfrentan serias restricciones para ingresar a las zonas afectadas, lo que agrava aún más el panorama para las familias que dependen de estas ayudas para su subsistencia.

La Defensoría recordó que, en el marco del conflicto armado, todos los actores deben respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, evitando acciones que generen terror en la población civil o restrinjan su acceso a bienes esenciales.
En ese sentido, la entidad hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para adoptar medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial, que garanticen la protección efectiva de las comunidades del Bajo Baudó.
Asimismo, instó al ELN a levantar de manera inmediata el paro armado y a respetar los principios fundamentales del DIH, especialmente la protección de la población civil.
El organismo enfatizó que los pueblos étnicos del Chocó están entre los más vulnerables frente a este tipo de situaciones, por lo que sus derechos deben prevalecer en todo momento.
La Defensoría advirtió que ninguna acción en el marco del conflicto puede justificar la vulneración de la vida, la dignidad y las condiciones mínimas de subsistencia, en medio de una crisis humanitaria que hoy enfrentan estas comunidades en condición de aislamiento.
Paola Martínez Burgos




