Defensoría califica de “desgarradora” la muerte de joven que no recibió su medicamento: exige respuestas al sistema de salud

La muerte de un joven de 20 años volvió a poner en evidencia las fallas estructurales del sistema de salud en Colombia. Jeisson Javier Pinzón Sandoval, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda —un cáncer que requiere atención inmediata—, falleció tras meses de espera por un medicamento vital que nunca le fue entregado. El caso, que ha generado indignación y fue señalado por la Defensoría del Pueblo como un ejemplo crítico de las barreras de acceso a tratamientos esenciales.

Este martes 17 de marzo, la entidad calificó la situación como “desgarradora” y advirtió que una respuesta a tiempo “habría podido ser la diferencia entre la vida y la muerte”. De acuerdo con el pronunciamiento oficial, el joven había reclamado durante meses el medicamento ordenado por sus médicos, sin obtener respuesta de la Nueva EPS. Incluso, el paciente contaba con un fallo de tutela a su favor, lo que hacía aún más grave el incumplimiento en la entrega del tratamiento.

En ese sentido, la Defensoría hizo énfasis al señalar que los retrasos y las interrupciones en la atención “vulneran la salud y la vida de los pacientes con cáncer”, especialmente cuando se trata de enfermedades que avanzan rápidamente. El organismo de control también advirtió que la situación no es aislada. Según indicó, la Nueva EPS “no ha logrado estabilizar la red de dispensación de medicamentos a sus afiliados en varias regiones del país”, pese a los reiterados llamados de entidades de vigilancia y veeduría.

Asimismo, subrayó que esta problemática ha conllevado a muchas quejas por parte de usuarios que enfrentan demoras en la entrega de medicamentos esenciales; por lo que el ente insistió en que estas fallas evidencian debilidades persistentes en la operación del sistema, que afectan principalmente a pacientes con enfermedades de alto costo. En su comunicado, la entidad recordó que todas las instituciones del sistema de salud, tanto pública como privada, tienen la obligación de garantizar la atención adecuada a los ciudadanos.

Por consiguiente, la Defensoría recordó que es deber de estas entidades “hacer todos los esfuerzos para reducir el sufrimiento de las personas”, especialmente de quienes enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos. Además, reiteró que la garantía del derecho a la salud no puede depender de trámites administrativos ni de fallas operativas. Cuando se trata de enfermedades graves, cualquier demora puede tener consecuencias irreversibles, como ocurrió en este caso.

Finalmente, el organismo hizo un llamado directo tanto a la Nueva EPS como al Gobierno nacional para asegurar el acceso “efectivo, oportuno y de calidad” a los servicios de salud y medicamentos. Destacó que los principios constitucionales “no admiten excusas administrativas cuando la salud y la vida están en riesgo”. Y ahora con el lamentable fallecimiento del joven, recuerda que muchos familiares y pacientes continúan enfrentando las consecuencias de un modelo que, en muchos casos, no responde a tiempo.

Dayineth Isabel Molina Velásquez