La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta urgente sobre la grave situación de orden público que enfrenta el departamento del Guaviare. Más de 10.000 personas se encuentran confinadas debido a los enfrentamientos entre las disidencias de las extintas FARC, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’. La violencia ha generado desapariciones, reclutamiento forzado de menores y asesinatos, afectando a comunidades rurales en San José del Guaviare.
La crisis ha impedido la circulación de misiones médicas, el abastecimiento de alimentos y bienes esenciales, y ha dejado a la población incomunicada y expuesta a nuevas vulneraciones de derechos. La Defensoría ha solicitado al Gobierno Nacional la activación de mecanismos humanitarios y de diálogo para garantizar el levantamiento del confinamiento y el restablecimiento de la libre circulación.
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La violencia en Guaviare no es un fenómeno reciente. Desde enero de 2025, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el riesgo de enfrentamientos en la región mediante la Alerta Temprana 001. Sin embargo, la situación se ha agravado en los últimos meses, con un aumento en los combates entre los grupos armados ilegales.
El 26 de mayo comenzaron los enfrentamientos más recientes en la zona conocida como ‘Trocha Ganadera’, donde las disidencias de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ han disputado el control territorial. Desde entonces, se han reportado desapariciones de personas y el reclutamiento de menores, lo que ha generado un clima de terror entre los habitantes.
El 31 de mayo, la Defensoría del Pueblo envió una comunicación al Ministerio del Interior solicitando la convocatoria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) y la instalación urgente de un Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV) en San José del Guaviare. Sin embargo, hasta el momento, la respuesta del Gobierno ha sido calificada como “tímida” por el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez.
El confinamiento ha afectado gravemente a la población civil, especialmente a niños, niñas y adolescentes, quienes han sido víctimas de reclutamiento forzado. Además, la falta de acceso a bienes esenciales ha generado inseguridad alimentaria, afectando a estudiantes y docentes que han visto interrumpidas sus actividades escolares.
La Defensoría ha reiterado su compromiso de acompañar a las comunidades afectadas y ha exigido que se respete la vida y la dignidad de todas las personas en riesgo. “Reiteramos nuestro compromiso de acompañar a las comunidades y de seguir denunciando cualquier acto que vulnere sus derechos fundamentales”, expresó la entidad en un comunicado.
Esta situación marca la persistencia de la violencia armada en Colombia y la vulnerabilidad de las comunidades rurales ante los enfrentamientos entre grupos ilegales. La Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los habitantes y evitar una mayor escalada del conflicto. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han sido alertadas sobre la situación, y se espera que en los próximos días se tomen decisiones que permitan aliviar la crisis humanitaria en la región.
Juan Joya