Defensoría alerta por paro armado en Putumayo y Caquetá: “La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados”

En la noche del miércoles 10 de diciembre, la Defensoría del Pueblo se pronunció frente al anuncio de paro armado realizado por el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC) en Caquetá y Putumayo, previsto entre el 9 y el 30 de diciembre de este año. Según la entidad, esta amenaza representa un grave riesgo para las comunidades, pues “ningún actor armado puede restringir ilegalmente la movilidad ni las libertades de la población”.

En ese sentido, la institución advirtió que este tipo de acciones busca generar terror y coartar derechos básicos, además señaló que el comunicado del grupo armado constituye una clara afectación a la tranquilidad regional. Tras el anuncio, las autoridades han sido alertadas sobre el posible impacto humanitario, mientras que la Defensoría insiste en que la población debe mantenerse informada por canales oficiales.

El organismo destacó que estos anuncios vulneran de manera directa los derechos fundamentales y profundizan el clima de zozobra en zonas que históricamente siguen siendo golpeadas por la violencia. Igualmente, recordó que estas intimidaciones “infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario” y que ningún fin puede justificar la presión armada contra civiles. Explicó además que el temor generado por estas amenazas afecta la dinámica social y económica de los departamentos, especialmente a las comunidades rurales, que siempre son las más afectadas, por lo que instó a que la vida debe preservarse como prioridad absoluta.

Por consiguiente, la Defensoría informó que activó de inmediato sus sistemas de alerta temprana para acompañar a las comunidades y verificar cualquier posible afectación, así como también se han desplegado equipos para monitorear la situación. Además, hizo un llamado firme a las autoridades civiles y militares para que garanticen la seguridad y la movilidad durante los días en que persista la amenaza. “Instamos a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas”, enfatizó.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo insistió en que la ciudadanía “no puede ser rehén de grupos armados”, destacando que la dignidad humana debe prevalecer sobre cualquier intento de control territorial. Es de recordar que el organismo ha reiterado muchas veces la importancia de que las comunidades mantengan la calma y denuncien cualquier situación sospechosa; pero también que el Estado debe actuar con determinación para impedir que actores ilegales condicionen la vida cotidiana de cientos de ciudadanos. Para la institución, “la dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial”, puntualizó.

Paro armado

De acuerdo con la información compartida por varios medios, un audio que circuló por WhatsApp, la disidencia al mando de “Iván Mordisco” anunció el paro armado y se está realizando en los ríos Caquetá, Caguán, Sunciya, Sencella, Jericó Consaya y Orotuya. Y en los caños Peneya, Rojo, Gringo, Guamo, El Encanto, Esperanza, Huitoto y Sunciya. Según La Silla Vacía, un habitante de Putumayo denunció que en Puerto Ospina ya comenzó un paro impuesto por las disidencias de “Mordisco”, que impide la movilidad por el río Caquetá y agrava la situación de seguridad en la zona.

También indicaron que otro habitante, en Caquetá, afirmó que desde el domingo en la noche no pudo ingresar al municipio de Solano por las mismas restricciones. Aunque la presencia de estas estructuras armadas no es nueva, los pobladores señalan que el control se ha intensificado tras recientes operaciones militares. Y este medio manifestó que consultó al Ejército, a través de la Sexta División, quienes le habrían dicho que están verificando la autenticidad del audio que circula sobre el paro y que participa en un consejo de seguridad con la Gobernación de Caquetá.

Dayineth Isabel Molina Velásquez