Ante la interrupción de las operaciones de las compañías navieras que transportan migrantes desde Turbo y Necoclí, en Antioquia, hacia Acandí, Chocó, la Defensoría del Pueblo advierte sobre la posibilidad de acumulación de personas en situación de refugio y con necesidad de protección internacional.

Estas personas buscan atravesar la selva del Darién para continuar su trayecto hacia Estados Unidos. Si persiste la suspensión de este transporte, originada como protesta por operativos recientes que resultaron en detenciones de personas vinculadas a dichas empresas, la situación podría volverse caótica. Esto se debe al flujo diario de 1000 a 2000 migrantes en la región del Urabá antioqueño.

“La situación podría colapsar la capacidad instalada de Turbo y Necoclí, puesto que no habría planes ni estrategias para atenderlos y tampoco el espacio necesario donde puedan resguardarse mientras reinician su travesía”, asegura el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

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Además, se señala que el potencial represamiento de migrantes en estas localidades podría desencadenar una crisis en el servicio de salud, la gestión de residuos sólidos y el suministro de alimentos, situación que ya ocurrió tres años atrás y afectaría tanto a los transeúntes de diversas nacionalidades como a los residentes locales. Ante la alerta de riesgo, se llevó a cabo recientemente una sesión extraordinaria de la Mesa de Gestión Migratoria en Turbo.

En este encuentro, los funcionarios de la Regional Urabá-Darién urgieron la activación inmediata de planes de contingencia, destacando la necesidad de implementar medidas sin esperar a un colapso que comprometa los derechos fundamentales de quienes están en tránsito y de los habitantes locales, según lo expresado por el Defensor del Pueblo.

“Exhortamos a las gobernaciones de Antioquia y Chocó a reactivar las Mesas de Gobernanza Migratoria para que apoyen a los municipios en complementariedad, subsidiariedad y concurrencia de la atención humanitaria”, es otro de los llamados del Defensor del Pueblo.

La Defensoría ha desempeñado repetidamente una labor misional en la región, buscando destacar la atención de las autoridades. Su objetivo ha sido instar a los gobiernos, ya sean nacionales, departamentales o locales, a emprender acciones que aborden la problemática de la migración. Esto se debe a que las personas en tránsito, sin importar su edad, enfrentan constantemente diversos peligros que amenazan su vida e integridad.

En última instancia, el Defensor hace un llamado al Gobierno Nacional para que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, lidere la implementación de la política integral migratoria establecida en la Ley 2136 del 2021 y oriente a las entidades territoriales en la gestión migratoria.

“La migración debe ser segura, ordenada, regular y en condiciones de dignidad humana, por lo tanto, el Estado colombiano debe garantizar una gobernanza migratoria, de acuerdo con las obligaciones que ha adquirido en los tratados internacionales firmados y ratificados”, puntualizó Carlos Camargo Assis.

Paola Martínez Burgos