Defensora del Pueblo visita la Cárcel El Buen Pastor: avances en ley de penas restaurativas para mujeres privadas de la libertad

Durante una visita a la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó la Resolución Defensorial n.º 003 de 2024, una iniciativa clave para implementar la Ley 2292 de 2023, que promueve la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública. Este enfoque restaurativo podría beneficiar a más de 5.000 mujeres, principalmente madres cabeza de hogar, al ofrecerles una alternativa extramural para cumplir sus condenas mediante actividades de impacto social en sus comunidades.

Enfoque restaurativo con perspectiva de género

“La Ley 2292 de 2023 es una herramienta transformadora que, con un enfoque diferencial, permite a las mujeres privadas de la libertad cumplir sus penas de manera restaurativa, contribuyendo tanto a su reintegración social como al bienestar de sus familias”, afirmó Marín Ortiz durante la socialización de la resolución.

La ley aplica a mujeres que hayan cometido delitos como hurto, porte o tráfico de estupefacientes y cuyas condenas sean menores a ocho años. La pena sustitutiva se desarrollará en actividades comunitarias, permitiendo a las beneficiarias continuar con su rol de proveedoras y cuidadoras.

Puntos clave de la Resolución Defensorial n.º 003

Plan conjunto en 30 días: La Defensoría del Pueblo elaborará un plan estratégico para ampliar la implementación de la ley y garantizar los derechos de las mujeres en reclusión.

Monitoreo continuo: Se exhorta al Ministerio de Justicia a supervisar la aplicación de la ley y a aumentar las plazas para servicios de utilidad pública, especialmente en municipios apartados.

Capacitación judicial: El Consejo Superior de la Judicatura debe capacitar a los operadores judiciales en enfoque diferencial y de género para evitar interpretaciones restrictivas que limiten el acceso a estas medidas.

Rol de la Procuraduría: Se insta a la Procuraduría General a incentivar la intervención de procuradores delegados en los procesos judiciales, promoviendo la aplicación de penas sustitutivas.

Programas restaurativos locales: Alcaldías y gobernaciones deben desarrollar programas que incluyan a las beneficiarias, ofreciendo oportunidades laborales paralelas a las actividades de utilidad pública.

Desafíos en la implementación

La Defensora del Pueblo alertó sobre las barreras actuales, como el desconocimiento de la ley por parte de las autoridades judiciales y la interpretación restrictiva de algunos operadores, lo que ha limitado el número de penas sustitutivas concedidas. “Esta resolución busca corregir esas brechas, garantizando un enfoque humanitario y de género”, señaló Marín Ortiz.

Compromiso interinstitucional

En el recorrido por El Buen Pastor, Marín Ortiz estuvo acompañada de la Fiscal General de la Nación y la Ministra de Justicia, reforzando el compromiso interinstitucional para garantizar la implementación efectiva de esta ley.

Con esta medida, la Defensoría del Pueblo da un paso significativo hacia un sistema de justicia más humano e inclusivo, priorizando la reintegración social de mujeres en condición de vulnerabilidad y fomentando un impacto positivo en sus familias y comunidades.

Humberto ‘Toto’ Torres