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La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció luego de que en la tarde del sábado 21 de junio, el presidente Gustavo Petro encabezó el evento de Paz Urbana realizado en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, donde compartió los avances del proyecto, pero lo polémico fue la asistencia de cabecillas condenados de estructuras criminales, como la Oficina de Envigado, La Terraza, y demás, que siguen recluidos en la cárcel de Itagüí.
Este martes, la funcionaria se refirió al proyecto que, el 4 de junio cumplió dos años y consiste en una mesa de trabajo en la que el Estado participa con los detenidos, quienes fueron trasladados en un bus del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), lo que generó críticas por parte de varios sectores. Entre los invitados estaban “Douglas”, “Lindolfo”, “Pesebre”, “Grande pa”, “Tom”, “El tigre”, “Pocho” y “Naranjo”, todos, condenados y recluidos en la cárcel mencionada.
Fueron cuatro reflexiones que compartió Marín sobre el acto del jefe de Estado: “Primero, los procesos de paz urbana son positivos. Como lo recordó la Corte Constitucional en la sentencia de la Ley de Paz Total en Colombia y en el mundo, la violencia y los crímenes más aberrantes contra la dignidad humana no se producen únicamente como consecuencia de los conflictos armados. De acuerdo con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre 2015 y 2021, el crimen organizado fue responsable de tantas muertes en este periodo como todos los conflictos armados juntos. Según el más reciente informe de la relatora especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los desplazados internos, en 2024 al menos 1.2 millones de personas fueron desplazadas por la violencia relacionada con la delincuencia en todo el mundo”, manifestó inicialmente.
En ese sentido, hizo mención de lo dicho por la relatora, y es que la cifra se duplicó en comparación con el año 2023, ya que, la actividad delictiva organizada, además de obligar a las personas a irse de su territorio forzosamente, también los somete a graves abusos contra los derechos humanos como violencia, extorsión, reclutamiento y trabajo forzados y violencia y explotación sexuales. “Por tal razón, son positivos los esfuerzos por resolver la criminalidad de forma dialogada de una manera que reconozca las causas profundas de la persistencia de esta violencia, entre ellas desigualdad”, añadió.
No obstante, en el segundo punto criticó a lo hecho por el primer mandatario, asegurando que la construcción de paz debe basarse en la reafirmación del Estado de Derecho, esto significa que “los responsables de los crímenes más graves, como el homicidio, desaparición forzada, reclutamiento, uso de niños y niñas en actividades criminales, la violencia sexual, entre otras, estén y serán sumisos ante la ley”. Por tal motivo, presentarlos en un evento no es lo adecuado. “Las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas, dando y diciendo la verdad. Cuando se confunde el lugar de los responsables con electores políticos en un contexto electoral, no hay paz que sea posible, pues confunde lo admisible con lo inadmisible”, aseveró.
En su tercera reflexión, la defensora habló sobre el rifirrafe entre Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicando que la ausencia de la coordinación del Gobierno Nacional con el municipal genera desaliento y muestra rivalidad en vez de lo contrario. “La ciudad de Medellín no debería ser escenario de disputa política entre los mandatarios. La obligación del presidente y del alcalde es la de articulación en el marco de sus competencias constitucionales para poner fin a la violencia y conseguir la paz de la ciudad. La paz urbana necesita legitimidad social, institucional y moral. Cualquier mensaje que haga pensar que se está utilizando el proceso para otros fines políticos puede hacerle daño a la ciudad. El centro no debe ser la rivalidad entre los mandatarios y sus formas de ver la paz. El centro debe ser la reducción de la violencia y los derechos de las víctimas”.
Para finalizar, extendió la invitación para continuar trabajando en la paz urbana con la aplicación de tres pasos:
· Creación de subcomisión de niñez y adolescencia con participación del Gobierno, grupos armados y el ICBF, con apoyo de la Defensoría, como parte del proceso de paz urbana.
· Definición de un marco jurídico de sometimiento a la justicia, que respete los derechos de las víctimas, la independencia judicial y garantice la participación de jóvenes y sociedad civil.
· Implementación de un mecanismo de monitoreo para evaluar el cumplimiento de compromisos clave del proceso de paz urbana, como reducción de violencia, fin de extorsión y protección de la niñez.
Dayineth Isabel Molina Velásquez
