Decreto establece condiciones para diálogo con disidencias de las Farc

¿Qué instrumentos legales y políticos podrían consolidar el respeto a los acuerdos por parte de los grupos armados?

El presidente de la república, Gustavo Petro, promulgó un decreto que suspende temporalmente las operaciones militares, ofensivas y especiales de la Policía Nacional contra las disidencias de las Farc que actualmente se encuentran en diálogos de paz con el Gobierno Nacional. Este decreto, firmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, establece medidas para facilitar la transición de los integrantes de estos grupos armados hacia zonas de concentración y territorios de paz, como parte de un proceso avanzado de pacificación.

El decreto establece que, desde las 00:00 horas del 18 de abril hasta las 24:00 horas del 18 de mayo de 2025, se suspendan las operaciones ofensivas contra estructuras como el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, ´Gentil Duarte´, ´´Jorge Suárez Briceño´ y frente ´Raúl Reyes´. Entre los objetivos destacados se incluye promover el tránsito de los miembros de estos grupos hacia zonas específicas, fomentar transformaciones territoriales en regiones como Caquetá y Catatumbo, revitalizar la selva amazónica y facilitar la transición hacia economías lícitas.

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Sumado a esto, el decreto crea un equipo de evaluación política encargado de revisar, el 17 de mayo, los avances de estas medidas y ofrecer recomendaciones al presidente. También se establece un mecanismo de comunicación conformado por representantes del Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública y delegados de las disidencias, cuya función será prevenir incidentes entre las partes involucradas en los diálogos.

Ante la medida, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, explicó que la suspensión no significa una parálisis total de las acciones de la Fuerza Pública. Según señaló, los uniformados podrán actuar en tres escenarios específicos: cuando se encuentren con estructuras disidentes durante operativos de control territorial, cuando los grupos armados cometan crímenes como extorsiones u homicidios contra civiles, y cuando se detecten actividades ilegales relacionadas con economías ilícitas, como laboratorios de procesamiento de drogas. Sánchez subrayó que la Fuerza Pública tiene el deber de actuar para proteger a la población civil y garantizar su seguridad.

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A su vez, el presidente Gustavo Petro defendió las medidas del decreto frente a las críticas provenientes de gobernadores y sectores de la opinión pública, quienes cuestionan su efectividad debido a la persistencia de actividades criminales por parte de las disidencias. Petro aseguró que el decreto brinda una oportunidad para que aquellos frentes de las disidencias que deseen acogerse al diálogo demuestren su voluntad mediante el traslado a zonas de concentración antes del 18 de mayo.

El primer mandatario también destacó que, en paralelo a estos esfuerzos, se han alcanzado acuerdos con otros grupos armados, como los Comandos de la Frontera, los Comuneros del Sur, provenientes del ELN y la Coordinadora Guerrillera. En regiones como Itagüí, Medellín, Quibdó y Buenaventura se han abierto escenarios de negociación que buscan consolidar territorios de paz. Petro señaló que la política de extradición será evaluada en función de los avances de estos procesos y solicitó a la Fiscalía General de la Nación conformar grupos de trabajo para revisar la situación jurídica de quienes se acojan a las negociaciones.

Con estas medidas, el Gobierno Petro promete crear condiciones de seguridad y logística necesarias para avanzar en el proceso de paz, al tiempo que se mantiene la instrucción a la Fuerza Pública de enfrentar cualquier amenaza violenta contra la población civil. Sin embargo, el éxito de este decreto dependerá de su implementación efectiva y del compromiso real de las partes que hoy lo acuerdan.

Juan Joya