Decreto de consulta popular de Petro desata ola de demandas por inconstitucionalidad

Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, expidiera el Decreto 639 de 2025 para convocar una consulta popular, se desató una cadena de acciones judiciales que cuestionan la constitucionalidad de la medida. Diversos sectores políticos y jurídicos han reaccionado con fuerza, señalando que el mandatario pasó por alto el papel del Congreso y vulneró principios fundamentales del Estado de Derecho.

El constitucionalista Germán Calderón España presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado, argumentando que el decreto vulnera el debido proceso, el principio de legalidad y las reglas establecidas para este tipo de convocatorias, al desconocer de manera directa la decisión del Senado sobre la viabilidad de la consulta.

Simultáneamente, el concejal de Bogotá Daniel Briceño y el exministro de Justicia Wilson Ruiz interpusieron una demanda de nulidad por inconstitucionalidad, con la que buscan que se declare inválido el decreto presidencial. Ruiz fue enfático al criticar la actuación del jefe de Estado:

“No podemos normalizar el chantaje presidencial: ‘aprueban mi reforma o decretazo’. Saltarse al Congreso es romper la Constitución. Esto no es democracia, es autoritarismo disfrazado de participación. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Si permitimos que un presidente pase por encima de la ley, ¿para qué tenemos instituciones? Gobernar no es imponer. Las instituciones se respetan“, señaló el exministro en sus redes sociales.

Según la demanda, el decreto presidencial vulnera varios artículos de la Constitución Política de Colombia, entre ellos:

• El principio de legalidad administrativa
• El artículo 104, que exige aprobación previa del Senado para este tipo de consultas
• El artículo 113, que consagra la separación de poderes

Desde el Congreso también han surgido fuertes reacciones. La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, anunció que llevará la controversia al Consejo de Estado:

“Vamos a radicar demanda contra el Decreto 639 de 2025, a través del cual el Presidente pretende pasar por encima del Congreso: el decretazo. Confiamos en la buena acción de la rama judicial en defensa de las instituciones”, manifestó.

Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, ya formalizó su demanda, y en ella solicitó una medida cautelar que suspenda de inmediato los efectos del decreto. Según indicó:

“Petro decidió pisotear la institucionalidad, golpeando la separación de poderes, pasando por encima del Congreso. Ha violado el artículo 104 de la Constitución”, declaró el congresista.

A estas voces se sumó el representante a la Cámara por Nariño, Juan Daniel Peñuela, quien también presentó una demanda de inconstitucionalidad. En su pronunciamiento, insistió en que “Colombia es una democracia y hay que cuidarla”.

Con este escenario, se prevé que el futuro del decreto quede en manos de la jurisdicción contenciosa administrativa, y posiblemente de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la legalidad del mecanismo convocado por el jefe de Estado. Mientras tanto, el país permanece a la expectativa frente a lo que podría convertirse en una nueva batalla jurídica e institucional.

Humberto ‘Toto’ Torres