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El Gobierno radicó el llamado Libro de la Verdad y pidió investigar presuntas irregularidades detectadas durante el empalme con la administración anterior.
El presidente Abelardo de la Espriella entregó este martes 18 de agosto a la Fiscalía más de 80 denuncias por presunta corrupción detectadas durante el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro. El documento, denominado Libro de la Verdad, fue presentado en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, ante la fiscal general Luz Adriana Camargo.
La entrega estuvo a cargo del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien aseguró que un equipo élite anticorrupción documentó más de 80 casos relacionados con un presunto manejo “ineficiente y corrupto” de recursos públicos. Las denuncias fueron trasladadas también a la Contraloría y la Procuraduría, según explicó el Gobierno.
De la Espriella aprovechó el encuentro para cuestionar el estado de las finanzas nacionales. Según sus cifras, el déficit fiscal llegó al 7,8 % del PIB y la deuda alcanzó el 61 %, situación que calificó como “apocalíptica y alarmante”.
“El estado es francamente apocalíptico, alarmante”, afirmó el mandatario al referirse a las finanzas públicas. También sostuvo que entre enero y agosto del anterior gobierno se utilizó el 97 % del endeudamiento anual de la Nación, lo que, según su diagnóstico, redujo el margen para contratar nueva deuda.
UNGRD, uno de los principales focos de las denuncias
Entre los casos incluidos en el Libro de la Verdad aparece la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Germán Calderón España, director encargado de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, aseguró que la entidad ejecutó apenas el 4,3 % de su presupuesto durante los cuatro años del gobierno anterior.
Calderón España también afirmó que la UNGRD giró $856.000 millones sin que existiera urgencia manifiesta y que se perdió el rastro de $1,38 billones. Los señalamientos adquieren mayor repercusión por la emergencia generada por el terremoto del pasado 10 de agosto.
“Hoy, esta entidad encargada de afrontar esta grave crisis no tiene recursos para hacerlo”, sostuvo el funcionario, al relacionar las dificultades financieras denunciadas con la capacidad de respuesta ante emergencias.
Gobierno señala otros casos y contratos
El paquete de denuncias incluye cuestionamientos sobre Colombia Mayor, el Icetex, la reforma agraria, Air-e, la Cancillería y el Ministerio de Igualdad, además de asuntos relacionados con el manejo de la deuda pública y la política de paz.
Restrepo mencionó también una presunta nómina paralela de 900.000 contratos de prestación de servicios, que, según sus cálculos, habría generado un pasivo superior a $5 billones. El funcionario sostuvo que los casos conocidos hasta ahora serían apenas “la punta del iceberg”.
En la Cancillería, el Gobierno señaló una presunta politización asociada a más de 1.000 contratos por más de $80.000 millones. También cuestionó la ejecución de proyectos en el Páramo de Santurbán y el manejo contractual del Ministerio de Igualdad.
De la Espriella agregó señalamientos sobre pérdidas de $2,59 billones en Air-e y un déficit de $23 billones en el Ejército Nacional. También cuestionó la financiación de Colombia Mayor y afirmó que el Icetex sufrió un recorte presupuestal del 70 %.
Fiscalía crea equipo especial para investigar
La fiscal general Luz Adriana Camargo respondió a la entrega anunciando la conformación de un equipo especial para verificar e investigar las más de 80 denuncias. El grupo estará encabezado por las directoras de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
La Fiscalía deberá determinar cuáles de los señalamientos tienen sustento penal y cuáles requieren otras actuaciones de los organismos de control. La entrega del Libro de la Verdad abre ahora una fase de investigación, en la que las acusaciones deberán convertirse en pruebas para avanzar hacia eventuales responsabilidades individuales.
El Gobierno también ordenó a sus ministros, directores y altos funcionarios identificar nuevos focos de corrupción y reportarlos a las autoridades. De la Espriella pidió que cada peso público pueda ser rastreado mediante inteligencia artificial, análisis de datos y sistemas de trazabilidad digital.
El choque entre el nuevo Gobierno y la administración Petro entra así en una etapa judicial. Las más de 80 denuncias serán ahora sometidas al escrutinio de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, mientras el Ejecutivo busca convertir los hallazgos del empalme en investigaciones y eventuales procesos de responsabilidad.
