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El Gobierno cerró las negociaciones con estructuras ligadas a alias ‘Calarcá’, la CNEB y Los Pachenca. Las resoluciones también revocan reconocimientos, retiran negociadores oficiales y ordenan reactivar capturas.
La política de Paz Total sufrió uno de sus mayores reveses desde el cambio de gobierno. La administración del presidente Abelardo de la Espriella formalizó el cierre de tres procesos de negociación heredados del gobierno anterior, al terminar las conversaciones con estructuras disidentes de las Farc y el espacio sociojurídico que mantenía con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
Las decisiones quedaron consignadas en varias resoluciones expedidas el 28 de agosto. Además de poner fin a los diálogos, el Ejecutivo retiró el reconocimiento de los representantes de las organizaciones armadas y desmontó la estructura institucional creada para adelantar las negociaciones.
El primer golpe recayó sobre las estructuras encabezadas por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’. Mediante la Resolución 343 de 2026, el Gobierno dio por terminada la Mesa de Diálogos de Paz con los bloques Magdalena Medio, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, argumentando una “ausencia de voluntad de paz”.
La decisión cierra un proceso iniciado en octubre de 2023 y que sobrevivió a las fracturas internas del antiguo Estado Mayor Central de las Farc. Según el Gobierno, los incumplimientos registrados tras el quinto ciclo de conversaciones impidieron seguir acreditando una intención real de reincorporación a la vida civil.
En paralelo, la Resolución 342 revocó el reconocimiento de los delegados de esa organización, mientras que la Resolución 344 retiró a los representantes oficiales del Ejecutivo. Entre ellos figura Gloria Quiceno Acevedo, quien ejercía como jefa negociadora del Gobierno.
El segundo proceso cancelado corresponde a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). La Resolución 346 puso fin a la Mesa de Diálogos de Paz con esta organización, surgida tras la reorganización de estructuras que anteriormente estuvieron vinculadas a la Segunda Marquetalia.
La administración De la Espriella concluyó que ya no existían elementos suficientes para demostrar una voluntad efectiva de paz. La medida también eliminó el reconocimiento de los representantes acreditados por la organización, entre ellos Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, nombre que recientemente ha aparecido en decisiones relacionadas con solicitudes de extradición hacia Estados Unidos.
El Gobierno igualmente retiró a sus delegados de esta negociación. Entre los funcionarios afectados está Armando Novoa García, quien se desempeñaba como jefe negociador de la mesa.
El tercer cierre impacta a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca. El Ejecutivo puso fin al Espacio de Conversación Sociojurídico que buscaba verificar la disposición de la organización para someterse a la justicia y contribuir a la construcción de paz en los territorios.
La administración sostuvo que las conversaciones se debilitaron y no permitieron evidenciar una voluntad real de sometimiento. Como consecuencia, nueve integrantes perdieron el reconocimiento que les permitía actuar como representantes dentro del proceso.
La decisión tiene además efectos judiciales. El Gobierno ordenó solicitar la reactivación de las órdenes de captura contra los integrantes afectados por la revocatoria de sus reconocimientos, una medida que aumenta la presión institucional sobre esta estructura armada.
Entre los nombres impactados por las resoluciones también aparece Willinton Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, quien deja de ser reconocido como representante dentro del proceso relacionado con las estructuras de ‘Calarcá’.
Con el paquete de resoluciones expedidas el 28 de agosto, el Gobierno no solo cerró tres escenarios de diálogo. También desmontó el andamiaje jurídico y administrativo que sostenía estas negociaciones, marcando un cambio de rumbo frente a la estrategia de Paz Total impulsada por la administración anterior y abriendo una nueva etapa en la relación del Estado con varios de los grupos armados que operan en el país.
Humberto ‘Toto’ Torres
