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La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes vinculados a los principales implicados en el escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados. El proceso se relaciona con el contrato suscrito en 2020 por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), cuyo objetivo era instalar 7.277 centros digitales en zonas rurales de 16 departamentos del país.
El valor de las propiedades afectadas supera los 65.900 millones de pesos. Entre ellas figuran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios que pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares. Los bienes están ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, y habrían sido adquiridos con recursos provenientes de actuaciones ilícitas, así como del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal.
El contrato, cuyo monto total superaba el billón de pesos (unos 264 millones de dólares), fue firmado durante el Gobierno de Iván Duque (2018–2022). Para iniciar su ejecución, el Estado otorgó a Centros Poblados un anticipo de 70.000 millones de pesos (unos 18,4 millones de dólares). Sin embargo, la investigación determinó que el consorcio presentó tres pólizas de garantía falsas en la licitación y que, tras recibir el anticipo, apenas había avanzado en la ejecución del proyecto.
La entonces ministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, estuvo al frente de la cartera desde mayo de 2020 hasta septiembre de 2021. En ese mes presentó su renuncia, presionada por el escándalo que se desató tras conocerse las irregularidades en el contrato. Aunque Abudinen ha sostenido que fue víctima de un engaño por parte de los contratistas, su nombre quedó ligado al caso y, en atención a decisiones de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República, un inmueble de su propiedad también fue objeto de medida cautelar.
La Fiscalía explicó que las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con alcance jurídico y patrimonial. La entidad señaló que buscan “proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en la ejecución del proyecto” y evitar que los responsables continúen lucrándose de manera indebida.
El proceso se fundamentó en las causales de equivalencia, mezcla y destinación, al establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados. La investigación evidenció que se combinaron bienes lícitos con recursos de origen ilícito y que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados fueron utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades.
Los bienes afectados pasarán a la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras avanzan los procesos judiciales. Con esta decisión, la Fiscalía busca garantizar que los recursos públicos comprometidos en el contrato de conectividad rural no permanezcan en manos privadas y que se asegure su recuperación para el Estado.
Juan Joya
