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¿Las condenas son proporcionales y justas en Colombia?
Un juez de Bogotá condenó a Humberto Ágredo Espitia a cuatro años y seis meses de prisión por facilitar el traslado de 11.000 fusiles desde Bulgaria a Colombia, que terminaron en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 1999 y 2000, según informó este lunes la Fiscalía General de la Nación. Ágredo fue declarado “responsable del delito de concierto para delinquir agravado”.
Durante la investigación, se acreditó que Ágredo Espitia participó en la importación ilegal de aproximadamente 11.000 fusiles tipo AK-47, que ingresaron irregularmente al país camuflados entre maquinaria y sacos de fertilizante. Las armas entraron por Buenaventura, el principal puerto de Colombia en el Pacífico, y por el Golfo de Urabá, y terminaron en poder de las AUC, el grupo armado responsable de numerosos asesinatos durante el conflicto armado.
https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1886438240875405315
“Para concretar este propósito ilegal, Ágredo mantuvo reuniones con cabecillas del entonces Bloque Bananero de las AUC, como Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, con quien se encontró en un hotel de Bogotá en 1999”, explicó la Fiscalía. Además, auspiciaron la falsificación de documentos oficiales del Ejército y desviaron armamento destinado a una exposición militar en Bogotá.
La Fiscalía destacó que “estas actividades de tráfico de armas no fueron incidentales o aisladas, sino que constituyeron un esfuerzo coordinado y sistemático para promover y fortalecer el poder armado de los paramilitares, que utilizaron los AK-47 traídos de Bulgaria para cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.
El condenado reside actualmente en Estados Unidos, por lo que la Fiscalía ha solicitado su extradición. Entre 2003 y 2006, más de 31.000 paramilitares colombianos se desmovilizaron tras negociaciones con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.
La sentencia de cuatro años y seis meses impuesta a Humberto Ágredo Espitia ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en el sistema judicial colombiano. Comparada con la condena de cinco años impuesta a Daneydy Barrera, más conocida como “Epa Colombia”, por vandalizar estaciones de TransMilenio, esta diferencia plantea interrogantes sobre la equidad y justicia en la valoración de distintos delitos.
Juan Joya
