Cuarenta años después, Fiscalía acusa a nueve exmilitares por delitos de lesa humanidad en la retoma del Palacio de Justicia

¿Cómo se explica que, pese a las pruebas y testimonios, estos hechos permanecieran en la impunidad durante tantos años?

La Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra nueve oficiales retirados del Ejército por el delito de tortura agravada, presuntamente cometida contra civiles durante la retoma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, en Bogotá. La decisión se conoce 40 años después de los hechos, considerados crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles.

Los procesados son los exmilitares Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Iván Ramírez Quintero y Bernardo Alfonso Garzón. Según la Fiscalía, estos oficiales habrían tenido participación directa o de mando en los interrogatorios y tratos crueles infligidos a personas evacuadas del Palacio de Justicia, quienes fueron trasladadas a instalaciones militares como la Casa del Florero y el Cantón Norte.

El ente acusador indicó que “los elementos materiales probatorios y la evidencia técnica recopilada permiten inferir la participación de los procesados en actos de tortura contra personas que no tenían vinculación con los hechos de la toma”. Entre las pruebas figuran testimonios de sobrevivientes, informes periciales, documentos oficiales del Ejército y manuales de operaciones como el denominado Plan Tricolor 83, que evidencian patrones de conducta y responsabilidades en la cadena de mando.

Las víctimas denunciaron haber sido sometidas a golpes, amenazas y violencia psicológica con el fin de obtener información. La Fiscalía calificó estos hechos como actos sistemáticos y prolongados que vulneraron la dignidad humana. La acusación busca esclarecer responsabilidades individuales en un operativo que dejó más de 100 personas muertas y al menos 11 desaparecidas.

La decisión se enmarca en los llamados de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya había declarado la responsabilidad del Estado colombiano por desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos durante la retoma. El proceso judicial responde a compromisos internacionales en materia de verdad, justicia y reparación.

El juicio será adelantado en Bogotá por un juez especializado. De ser hallados responsables, los exmilitares podrían enfrentar penas de prisión por tortura agravada, delito considerado de lesa humanidad. La Fiscalía subrayó que este paso constituye un avance en la judicialización de hechos que permanecieron en la impunidad durante décadas.

Familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos destacaron la importancia de la resolución, aunque insistieron en que la justicia debe continuar con las investigaciones para esclarecer otros episodios relacionados con el holocausto del Palacio de Justicia.

Juan Joya