Crisis silenciosa: 9 de cada 10 víctimas de trata en Colombia son mujeres

El concejal David Saavedra lanzó una alerta sobre el aumento de los casos de trata de personas en Colombia, advirtiendo que el país enfrenta “una crisis humanitaria silenciosa” que golpea principalmente a mujeres, niñas y adolescentes, muchas de ellas migrantes venezolanas en situación de alta vulnerabilidad.

De acuerdo con datos del Ministerio del Interior y del Departamento de Estado de Estados Unidos (2024), el 91,9 % de las víctimas identificadas en 2023 fueron mujeres y una de cada tres era venezolana. A nivel nacional, la Procuraduría General (2025) reportó más de 190 casos en trámite judicial y alertó sobre las bajas tasas de condena por este delito.

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno registró 102 casos de trata entre enero de 2024 y junio de 2025. Del total, el 68 % correspondía a explotación sexual, consolidando a la capital como uno de los principales puntos de operación del Tren de Aragua, según la UNODC (2023).

La Defensoría del Pueblo (2025) también advirtió que solo en 2024 se reportaron 463 casos de reclutamiento de menores, especialmente en el Cauca, muchos de los cuales no son investigados bajo la tipificación de trata de personas.

Los datos evidencian una “feminización extrema” del fenómeno: nueve de cada diez víctimas son mujeres o adolescentes, en su mayoría venezolanas. Bandas criminales como el Tren de Aragua y el ELN operan en zonas fronterizas como Villa del Rosario (Norte de Santander) y mantienen redes en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, donde las víctimas son explotadas sexualmente mediante servidumbre por deuda.

La gravedad del panorama llevó al Departamento de Estado de EE. UU. a reclasificar a Colombia del Nivel 1 al Nivel 2 en 2025, citando la falta de servicios especializados y la insuficiente respuesta estatal en prevención, judicialización y atención a víctimas.

“La trata de personas no es un delito lejano; está ocurriendo hoy en nuestros barrios”, señaló Saavedra, quien advirtió que “el país no puede seguir indiferente mientras redes criminales reclutan y explotan mujeres y menores sin que haya condenas ejemplares”.

El concejal hizo un llamado al Gobierno Nacional para reactivar los comités de lucha contra la trata, reforzar los refugios especializados y garantizar la atención integral a las víctimas. “No podemos permitir que Colombia retroceda en derechos humanos y justicia social”, agregó.

Los informes de la Procuraduría (2025), sumados a cifras del ICBF y la Defensoría del Pueblo, evidencian un colapso en los servicios de atención a víctimas adultas, marcado por la falta de profesionales especializados en trauma, escasez de albergues y alta rotación de funcionarios. Estas fallas profundizan la revictimización y perpetúan la impunidad.

Saavedra anunció que presentará una proposición ante el Concejo de Bogotá para fortalecer la articulación institucional con el Ministerio del Interior, la Policía Metropolitana y el ICBF, con el fin de avanzar hacia una política pública distrital con enfoque de género, niñez y migración.

Paola Martínez Burgos