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Mientras el primer mandatario habla de un desfalco histórico, el ente de control defiende cifras técnicas y verificables.
La discusión sobre el monto real de la deuda de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia ha escalado a un nuevo nivel de tensión institucional. Mientras el presidente Gustavo Petro sostiene que el déficit supera los $100 billones, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, afirma que la cifra oficial es de $32,9 billones, respaldada por los estados financieros reportados por las EPS hasta el 31 de diciembre de 2024.“Esa cifra está plenamente respaldada por los estados financieros… y los análisis realizados por el equipo técnico”, aseguró Rodríguez. El jefe del ente de control fue enfático: “No puedo ni argumentar ni sustentar la cifra de $100 billones que da el señor presidente de la República”.
Por su parte, el presidente Petro ha reiterado en múltiples intervenciones que la deuda acumulada por las EPS es mucho mayor si se considera el valor presente de las obligaciones históricas. “La deuda es real, aunque la borren contadores que fungen de economistas, y estamos hablando de más de $100 billones de pesos”, afirmó. Según el mandatario, el cálculo de la Contraloría no incluye pasivos de EPS liquidadas ni aplica tasas de interés reales acumuladas desde la implementación de la Ley 100 en 1993.
El jefe de Estado también ha señalado que el sistema de salud colombiano enfrenta un “desfalco histórico”, y que los recursos públicos han terminado como patrimonio privado de antiguos dueños de EPS y empresas gestoras farmacéuticas. “El sistema de intermediación financiera es quizás el mayor desfalco de dinero a la Nación en toda su historia”, declaró. Además, denunció que el Estado ha girado $87 billones, mientras las EPS solo reportan $85 billones entregados, lo que dejaría un faltante de $2,71 billones.
https://x.com/petrogustavo/status/1945668629942726750
La Contraloría, sin embargo, sostiene que sus cifras se basan en información verificable de 29 EPS activas, de las cuales apenas seis cumplen con los indicadores financieros exigidos por la ley. “Yo no voy a contradecir ni a polemizar los informes de la Contraloría ni con el señor Presidente de la República ni con ningún organismo sujeto de control”, expresó Rodríguez, subrayando el carácter técnico de su labor.
https://x.com/CGR_Colombia/status/1941533210606723506
El contraste entre ambas posturas ha generado inquietud en el sector salud y en la opinión pública. Mientras el Gobierno abre el debate de una reforma estructural que permita al Estado asumir el rol de asegurador, la Contraloría alerta sobre la necesidad de decisiones basadas en datos verificables. En medio de esta diferencia, el número de peticiones, quejas y reclamos de los usuarios sigue en aumento, con más de 1,6 millones registradas en lo corrido de 2024.
La discrepancia entre cifras oficiales y proyecciones políticas plantea un dilema sobre la transparencia y el rigor técnico en el manejo del sistema de salud. ¿Es legítimo sumar deudas históricas no exigibles para justificar una reforma? ¿O se corre el riesgo de alarmar a la ciudadanía con estimaciones sin sustento? El debate sigue abierto.
JUAN JOYA
