Crisis fiscal en Reficar amenaza suministro energético y genera alerta en Ecopetrol

¿Quién responde si se apaga una refinería clave por una disputa tributaria?

La Refinería de Cartagena (Reficar), filial de Ecopetrol, enfrenta una crisis operativa sin precedentes tras recibir una orden de pago por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que exige el desembolso de $13 billones por concepto de IVA asociado a la importación de combustibles desde 2022. Según la empresa, esta medida pone en riesgo la continuidad de sus operaciones en un plazo máximo de 15 días, lo que podría generar impactos significativos en el abastecimiento energético del país.

La controversia se centra en la interpretación del régimen tributario aplicable a las importaciones realizadas por Reficar. La DIAN sostiene que la compañía debe pagar el IVA correspondiente a los combustibles importados, mientras que Reficar argumenta que dichos productos están exentos por tratarse de insumos para la refinación y no para comercialización directa. “La exigencia de pago se basa en una interpretación que desconocería el tratamiento fiscal vigente para operaciones industriales de transformación”, señaló la empresa en su defensa jurídica.

Ante la inminencia del embargo, Reficar interpuso una acción de tutela con el objetivo de frenar la medida cautelar y evitar la paralización de su planta. La compañía advirtió que, de ejecutarse el embargo, se vería obligada a suspender la producción, lo que afectaría directamente a Ecopetrol y al suministro nacional de combustibles. “La afectación no solo sería financiera, sino también operativa y estratégica para el país”, indicó la empresa en el recurso judicial.

La situación ha generado preocupación en el sector energético, dado que Reficar representa una parte sustancial de la capacidad de refinación nacional. Según estimaciones internas, una eventual suspensión de operaciones podría generar pérdidas superiores a $1 billón para Ecopetrol, además de comprometer la estabilidad del mercado de combustibles y la logística de distribución en varias regiones del país.

El conflicto tributario se remonta a operaciones realizadas desde 2022, cuando Reficar comenzó a importar combustibles para complementar su proceso de refinación. La DIAN considera que estas importaciones deben ser gravadas con IVA, mientras que la empresa sostiene que se trata de insumos industriales que no están sujetos al impuesto. “La interpretación de la DIAN desconoce el carácter técnico de las operaciones de refinación y pone en riesgo la viabilidad de la planta”, argumentó Reficar en su tutela.

Por ahora, la decisión judicial sobre la tutela interpuesta se encuentra en trámite. La empresa espera que se suspenda el embargo mientras se resuelve el fondo del litigio tributario. En paralelo, se adelantan gestiones internas para garantizar la continuidad operativa y mitigar los efectos de una eventual paralización. “La refinería está en riesgo de apagarse si no se resuelve esta controversia en los próximos días”, advirtió la compañía.

Es así como se establece un escenario complejo para el sector energético nacional, en el que confluyen aspectos fiscales, jurídicos y operativos. La resolución del conflicto será determinante para la estabilidad de Reficar y para el suministro de combustibles en el país.

Juan Joya