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El reciente decreto firmado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con el objetivo de combatir la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en la ciudad, ha desatado un acalorado debate entre diversos sectores de la sociedad. Si bien la intención de proteger a los menores es loable, las medidas adoptadas han generado preocupaciones sobre su efectividad y las posibles consecuencias negativas para otros sectores, especialmente el empresarial.
Una de las críticas más contundentes proviene de los comerciantes del sector de los gastrobares, quienes expresan su preocupación por el impacto que las restricciones horarias tendrán en su tejido empresarial. La reducción del horario de funcionamiento de los establecimientos nocturnos, como respuesta al Decreto 0247, ha sido duramente cuestionada por Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Colombia, capítulo de Antioquia. Valenzuela sostiene que estas medidas son desproporcionadas y no abordan de manera efectiva la problemática de la explotación sexual infantil, mientras que sí impactan negativamente en el empleo y la economía local.
En sus declaraciones, Valenzuela señala que la restricción de horarios afectará directamente la generación de empleo y el funcionamiento de los establecimientos dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en áreas como el Parque Lleras. Además, advierte que estas medidas podrían comprometer el tejido empresarial del sector y dificultar la dinámica económica en la zona. Aunque reconoce la importancia de combatir la explotación sexual infantil, Valenzuela insta a replantear estas medidas para evitar un impacto negativo en la actividad económica sin comprometer los esfuerzos por proteger a los menores.
Por otro lado, la restricción de movilidad para menores de edad en zonas identificadas como de alto riesgo ha sido objeto de críticas adicionales. Algunos argumentan que estas medidas podrían estigmatizar a ciertos sectores de la población y limitar el acceso de los jóvenes a espacios públicos sin abordar las causas subyacentes del problema.
El alcalde Gutiérrez ha defendido la medida como parte de un enfoque integral para proteger a la niñez de la ciudad, respaldada por datos recogidos por diversas instituciones que identificaron los puntos con mayor riesgo de explotación sexual infantil.
Es fundamental que las autoridades promuevan un diálogo abierto y constructivo con los diferentes actores involucrados, buscando soluciones equilibradas que protejan a los menores sin afectar negativamente la economía local. Además, es necesario implementar políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la explotación sexual infantil y promuevan una sociedad más segura y justa para todos.
Humberto ‘Toto’ Torres
