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27 mayo, 2026Lili Pink y Yoi enfrentan una nueva crisis comercial y laboral luego de que decenas de centros comerciales solicitaran la terminación anticipada de contratos de arrendamiento tras el proceso de extinción de dominio que adelantan las autoridades contra la empresa Fast Moda S.A.S. La situación podría provocar el cierre de al menos el 22 % de los establecimientos en el país y afectar el empleo de cientos de trabajadores.
La alerta fue revelada por Diego Chávez, vicepresidente de Sociedades de la Sociedad de Activos Especiales, quien aseguró en entrevista con 6AM W que en los últimos 20 días la entidad recibió al menos 87 solicitudes de terminación unilateral de contratos de arrendamiento de locales comerciales vinculados a las marcas.
Las dificultades aparecen apenas un mes después de que la operación de la compañía pasara a manos del Estado tras los allanamientos realizados por la Fiscalía dentro de una investigación por presunto contrabando y lavado de activos.
Según explicó Chávez, desde que inició el proceso han encontrado “ciertas resistencias” por parte de empresarios, operadores de centros comerciales y proveedores de bienes y servicios. La SAE denunció que algunas administraciones incluso han instalado vallas y restricciones para impedir el ingreso de trabajadores a los locales comerciales.
“Tenemos centros comerciales en los cuales la administración ha dispuesto vallas que impiden el ingreso a los locales. Trabajadores, en su mayoría madres cabeza de hogar, no pueden ingresar a trabajar”, afirmó el funcionario.
La entidad aseguró que ya inició acciones legales, querellas y procedimientos policiales contra algunos empresarios que, según indicó, habrían tomado vías de hecho para impedir la operación de las tiendas.
De concretarse las terminaciones de contratos, la SAE estima que podrían cerrar cerca del 22 % de los establecimientos de comercio de las marcas a nivel nacional. El impacto laboral alcanzaría al menos a 260 empleados, muchos de ellos madres cabeza de hogar que dependen económicamente de estas tiendas.
Ante el panorama, la Sociedad de Activos Especiales informó que adelanta mesas de trabajo con empresarios y administradores de centros comerciales para intentar frenar los cierres y garantizar la continuidad de la operación.
“Queremos darle tranquilidad a la ciudadanía y al empresariado. Nuestros esfuerzos están dirigidos a la conservación del empleo y a la continuidad de la compañía”, aseguró Diego Chávez.
La crisis se intensificó semanas después de que las autoridades ocuparan cerca de 405 locales relacionados con las marcas Lili Pink y Yoi, administradas por Fast Moda S.A.S., empresa señalada dentro de una investigación judicial por presunto lavado de activos y contrabando.
Aunque actualmente no existe una orden oficial de cierre masivo, la SAE advirtió que la salida de establecimientos comerciales podría poner en riesgo la estabilidad financiera y laboral de cientos de personas vinculadas a la operación de las tiendas.
La entidad también confirmó que ha recibido otros 23 requerimientos adicionales de empresarios que solicitan información y aclaraciones sobre la situación judicial de Fast Moda S.A.S. El temor de algunos sectores comerciales y entidades financieras ha comenzado a impactar directamente la operación de la compañía.
Uno de los principales problemas identificados por la administración temporal tiene relación con el manejo de efectivo y las restricciones bancarias derivadas del temor de algunas entidades financieras a verse involucradas en movimientos relacionados con la investigación.
Mientras tanto, el administrador designado por la SAE adelanta un diagnóstico financiero, laboral y operativo para definir las medidas que permitan mantener en funcionamiento las marcas y reducir el impacto sobre los trabajadores.
En medio de la controversia, la SAE insistió en que la compañía continúa operando “bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo”, mientras avanza el proceso judicial contra Fast Moda S.A.S.
Además, la entidad hizo un llamado a empresarios, operadores de centros comerciales y demás actores involucrados para actuar “con responsabilidad, prudencia y sensibilidad social” frente a decisiones que podrían afectar a cientos de familias en distintas regiones del país.
Sala Digital Colmundo




