Corte Suprema deja en firme la condena contra Laude Fernández por las chuzadas ilegales a pilotos de Avianca

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Laude Fernández, exfuncionario del extinto DAS, por su responsabilidad en el seguimiento ilegal a pilotos sindicalizados de Avianca. El alto tribunal confirmó que Fernández deberá cumplir la pena en prisión, al considerarlo pieza clave en una estructura dedicada a interceptar comunicaciones y recopilar información sin autorización judicial.

En su fallo, la Corte recordó que diferentes instancias determinaron que la alianza entre Fernández y el exagente Salinas representó “una organización criminal establecida para operar de manera permanente”, un entramado ilícito en el que también participaron Roberto Montenegro Aguiar y Luis Gómez Góngora, ambos investigadores del CTI.

Una red de espionaje al servicio de Avianca

Para la época de los hechos, Fernández, quien aceptó los cargos, se desempeñaba como director de Consulting Colombia SAS, firma dedicada a ofrecer servicios de “inteligencia corporativa” y apoyo en litigios a diversas empresas, entre ellas Avianca. La Corte señaló que el exfuncionario solicitó interceptar información de pilotos sindicalizados, especialmente de los capitanes Jaime Hernández Sierra y Julián Gustavo Pinzón, voceros de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac).

En el expediente quedó consignado que, para concretar esas interceptaciones, Fernández entregó a Roberto Montero Aguiar los números telefónicos de los pilotos con el objetivo de acceder a sus conversaciones de WhatsApp y otras aplicaciones. El alto tribunal describió que el plan se ejecutó con métodos propios de operaciones de inteligencia ilegal, direccionadas contra los representantes sindicales.

El contexto: la huelga de 2017 en Avianca

El caso está directamente relacionado con el paro adelantado por Acdac entre septiembre y noviembre de 2017. La movilización contó con más de 700 pilotos y llevó a dificultades operativas de gran magnitud para la aerolínea. Durante los 50 días de cese de actividades, cerca de 400.000 pasajeros se vieron afectados y unos 13.000 vuelos fueron cancelados, generando pérdidas estimadas en 2,5 millones de dólares diarios, según cifras de Avianca.

La protesta terminó luego de la intervención de la Defensoría del Pueblo y un acuerdo de seis puntos entre la Asociación y la compañía, que posteriormente abrió procesos disciplinarios contra los participantes.

Sin derecho a prisión domiciliaria

Tras ser condenado, Fernández buscó que se le otorgara prisión domiciliaria. Sin embargo, ni el juez de primera instancia ni el Tribunal que revisó el caso avalaron el beneficio. La defensa llevó el caso a casación, pero la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó los argumentos y mantuvo la condena intramural.

Entre las razones expuestas por la defensa estaba que Fernández debía hacerse cargo de su pareja y de sus hijas. No obstante, la Corte aclaró que no se acreditó su condición como padre cabeza de hogar, ya que “no se comprobó el requisito esencial para otorgar ese beneficio”. Además, el tribunal señaló que una de las menores por las que pidió el beneficio no era su hija biológica, por lo que legalmente no existía una obligación que justificara el traslado del cumplimiento de la pena al hogar.

Delitos que no permiten sustitución de la pena

La Corte también resaltó que Fernández reconoció haber participado en concierto para delinquir agravado, delito que implica la asociación prolongada con otros individuos para cometer actos criminales. Este tipo penal impide conceder prisión domiciliaria, por tratarse de una conducta particularmente grave y organizada.

Con esta decisión, el alto tribunal cierra definitivamente el caso en su instancia judicial y reafirma la responsabilidad del exfuncionario en una trama de interceptaciones ilegales que vulneró la privacidad de líderes sindicales en uno de los conflictos laborales más relevantes de los últimos años en el país.

Humberto ‘Toto’ Torres