Corte Suprema blinda terrenos usados por la Liga de Fútbol de Bogotá

Con la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y en articulación con el Ministerio de Defensa, y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Nación logró una nueva victoria jurídica. La Corte Suprema de Justicia amparó los derechos de propiedad de la Nación sobre los lotes La Morena 1, 2 y 3, ubicados en el norte de Bogotá y actualmente utilizados por la Liga de Fútbol de la ciudad.

Estos terrenos, cuyo valor comercial supera los 475.000 millones de pesos, son considerados un activo estratégico del Estado y un espacio clave para el desarrollo deportivo de niños y jóvenes capitalinos.

La decisión fue adoptada mediante sentencia del 29 de abril de 2025 y notificada el 19 de mayo, en respuesta a una acción de tutela interpuesta por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). La tutela buscaba frenar actuaciones judiciales que amenazaban con revertir la propiedad estatal de estos predios, obtenidos legítimamente a través de procesos de extinción de dominio.

Los terrenos, que suman más de 24 hectáreas, fueron adjudicados a la FAC entre 2014 y 2017, tras la extinción de dominio sobre bienes del fallecido narcotraficante Luis Gonzalo Rodríguez Gacha. Estos habían sido adquiridos de forma encubierta a través de la sociedad Equimotor Ltda.

No obstante, en años recientes, herederos de antiguos propietarios que habían vendido legalmente esos terrenos a la citada sociedad iniciaron procesos judiciales irregulares, en los que alegaban ser víctimas y buscaban recuperar los predios. Según la Corte, estos procesos se habrían apoyado en un presunto fraude procesal.

El alto tribunal concluyó que algunas decisiones tomadas por jueces y fiscales vulneraron principios constitucionales como la cosa juzgada, la razonabilidad y la proporcionalidad, al desconocer el origen legítimo y judicialmente declarado de los predios en manos del Estado. Asimismo, advirtió el riesgo de un enriquecimiento sin causa, al permitir que quienes ya habían sido compensados económicamente intentaran obtener nuevamente la propiedad de los terrenos.

Como parte del fallo, la Corte dejó sin efecto las resoluciones emitidas por las Fiscalías 57 y 107 Seccionales de Bogotá, ordenó reabrir el expediente penal 844233 y reorientar su trámite conforme a los lineamientos de la sentencia. También anuló actuaciones civiles y registrales que vulneraban la propiedad de la FAC, y emitió una advertencia a los juzgados especializados en extinción de dominio para que garanticen la ejecución efectiva de sus decisiones.

“Esta decisión envía un mensaje contundente: los bienes recuperados del narcotráfico y puestos al servicio de la sociedad no pueden ser objeto de estrategias jurídicas irregulares. La Corte ha blindado el interés público y ha reiterado que los fallos de extinción de dominio tienen fuerza constitutiva y no pueden ser desconocidos por vías indebidas”, afirmó el director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), César Palomino Cortés.

Los lotes en disputa fueron valorados en $107.000 millones dentro de un proceso divisorio y registran un impuesto predial superior a los $22.900 millones. Actualmente, los terrenos albergan uno de los complejos deportivos más importantes de Bogotá, con 16 canchas de fútbol, más de 1.500 parqueaderos habilitados los fines de semana, una cafetería, y un ecosistema donde compiten más de 1.020 equipos y participan cerca de 200 clubes deportivos.

Paola Martínez Burgos