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La Corte Suprema de Justicia salió al paso de las críticas surgidas en las últimas horas y aseguró que no está intentando bloquear la Reforma Agraria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. A través de un pronunciamiento oficial, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural explicó que sus observaciones al proyecto de ley no cuestionan la entrega de tierras, sino que buscan garantizar seguridad jurídica y claridad en las competencias entre autoridades administrativas y jueces agrarios.
El alto tribunal respondió luego de que sectores cercanos al Gobierno interpretaran las advertencias de la Corte como un obstáculo para las transformaciones en el campo colombiano. Sin embargo, los magistrados insistieron en que su preocupación se centra en los procedimientos que podrían afectar derechos de propiedad rural y no en la política de adjudicación de tierras.
“La adjudicación a cargo de la Agencia Nacional de Tierras no ha sido cuestionada, de manera alguna, por esta Corte”, señaló la corporación judicial en la comunicación oficial. Con esta aclaración, la Corte buscó dejar claro que no existe oposición frente a las funciones de la Agencia Nacional de Tierras ni frente a la implementación de la Reforma Agraria.
Corte pide mayor control judicial en procesos sobre tierras
El tribunal explicó que existen procedimientos relacionados con la recuperación de baldíos ocupados irregularmente, la revocatoria de adjudicaciones y la reversión de predios entregados por el Estado que, por su complejidad, requieren intervención de jueces especializados y no únicamente de autoridades administrativas.
Según la Corte Suprema, las decisiones sobre tierras rurales pueden tener efectos definitivos sobre derechos adquiridos por ciudadanos y comunidades campesinas, razón por la cual deben contar con un control judicial pleno y oportuno.
“Se trata de actuaciones que, por su naturaleza y efectos, inciden de manera directa y definitiva en derechos subjetivos y situaciones jurídicas consolidadas”, indicó el alto tribunal. Por ello, agregó que es indispensable garantizar “un control judicial pleno, oportuno y especializado”.
Los magistrados también advirtieron que el proyecto de ley podría generar vacíos frente a la definición de competencias entre entidades administrativas y la Jurisdicción Agraria y Rural, situación que podría derivar en conflictos jurídicos y demoras en la resolución de disputas sobre tierras.
La Corte insiste en reglas claras para evitar conflictos
En el documento, la corporación recordó que toda persona tiene derecho a conocer de antemano qué autoridad resolverá su caso y bajo qué reglas se desarrollará el proceso judicial o administrativo.
“La precisión sobre la competencia contenida en el artículo 9 fortalece la identidad y autonomía de la Jurisdicción Agraria y Rural”, concluyó la Corte Suprema, reiterando que sus observaciones buscan fortalecer la estructura jurídica de la reforma y evitar choques entre instituciones.
¿Qué son los baldíos y por qué generan debate?
Dentro de la discusión, uno de los puntos centrales gira alrededor de los llamados baldíos, que son terrenos pertenecientes al Estado cuya adjudicación y recuperación está regulada por normas agrarias especiales.
La Corte considera que la definición clara de competencias es fundamental para garantizar seguridad jurídica en los procesos de entrega, recuperación o reversión de tierras rurales, especialmente en un momento en el que la Reforma Agraria se mantiene como una de las principales apuestas del Gobierno nacional para transformar el campo colombiano.
El debate entre el Ejecutivo y la Corte Suprema ocurre en medio de la discusión sobre cómo acelerar la redistribución de tierras sin afectar garantías legales ni derechos de propiedad, un tema que sigue generando tensiones políticas y jurídicas en el país.
Sala Digital Colmundo
