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La Corte Constitucional envió un mensaje contundente a las entidades públicas que continúan desvinculando a funcionarios en provisionalidad sin evaluar sus condiciones especiales. En la Sentencia T-318 de 2025, el alto tribunal recordó que “los prepensionados y las personas con afectaciones de salud que ocupan cargos públicos en provisionalidad tienen derecho a una protección especial”, una garantía que —según la Corte— está siendo ignorada por varias instituciones del Estado.
Los casos llegaron a estudio de la Sala tras dos acciones de tutela acumuladas, presentadas por ciudadanos que habían sido retirados de sus cargos para dar paso a quienes ganaron concursos de méritos. En ambos expedientes, los accionantes advirtieron que las entidades conocían plenamente sus circunstancias particulares: en el primer caso, la condición de prepensionado; en el segundo, además de dicha condición, un estado de salud delicado que exigía estabilidad laboral reforzada.
La Corte fue categórica al señalar que las entidades “no cumplieron con los deberes y reglas desarrolladas por la jurisprudencia constitucional”, pese a estar obligadas a analizar y minimizar las afectaciones que la desvinculación podía generar en estas personas. Para el tribunal, este incumplimiento configuró una vulneración directa de sus derechos fundamentales.
Además, el alto tribunal cuestionó el procedimiento utilizado por las entidades, subrayando que “la estabilidad laboral reforzada no puede ser desconocida bajo el argumento de la provisión de cargos por concurso”, especialmente cuando están en riesgo derechos como la salud o el acceso a la pensión.
Como remedio, la Corte concedió la tutela en ambos casos. En el primero, ordenó a la entidad accionada identificar vacantes iguales o equivalentes al cargo del trabajador. Si existen, debe ser reintegrado; si no, la entidad deberá pagar los aportes faltantes para que el accionante complete las semanas necesarias y pueda acceder a su pensión de vejez.
En el segundo caso, al no haberse interrumpido la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, la Corte ordenó el reintegro del trabajador a un cargo equivalente o con mejores condiciones. Si no existe una vacante de ese nivel, la institución deberá priorizar su vinculación en futuras plazas para las que cumpla los requisitos.
El fallo, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, refuerza una línea jurisprudencial que se ha vuelto cada vez más estricta frente a las desvinculaciones de empleados provisionales que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Para la Corte, la administración pública no puede actuar como si la provisionalidad equivaliera a desprotección, mucho menos cuando están en juego derechos fundamentales.
La decisión abre la puerta para que cientos de trabajadores en situaciones similares reclamen garantías reforzadas ante despidos que, según organizaciones laborales, se han vuelto más frecuentes con la expansión de los concursos de méritos en el Estado.
Sala Digital Colmundo
