¿Corrección legal o expropiación? El debate por los $9 billones entre Colpensiones y fondos privados

En medio de una reforma tributaria y presión fiscal, Colpensiones solicita recursos que permitirían financiar el Pilar Solidario.

Una nueva controversia sacude el sistema pensional colombiano. Colpensiones, la administradora pública de pensiones, exige el traslado de más de $9 billones desde los fondos privados, correspondientes a los ahorros de más de 45.000 trabajadores que desempeñan labores de alto riesgo. La entidad argumenta que estos trabajadores —entre ellos bomberos, mineros y guardianes del Inpec— deberían estar afiliados al régimen público, de conformidad al Decreto 2090 de 2003.

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, ha sido enfático: “Los fondos privados de pensiones se quedaron con la gente de alto riesgo, en una equivocación con la alcahuetería del Gobierno. La gente de alto riesgo no puede estar afiliada a los fondos privados. Son más de 45 mil”. Según sus cálculos, esta situación genera una deuda cercana a los $9 billones, que Colpensiones reclama para fortalecer sus finanzas y cumplir con las obligaciones del Pilar Solidario.

Dussán explicó que “eso implica que los fondos privados me deben o le deben a Colpensiones, al Gobierno nacional, $9 billones”. Añadió que, de concretarse el traslado, “me van a ayudar a mermar recursos del Presupuesto General de la Nación, contribuir con el Pilar Solidario y pagarle a los tres millones de viejos que nunca antes recibieron el bono pensional de trescientos mil”. Incluso, señaló que dicho bono podría ajustarse cada año con el salario mínimo o el IPC, “como lo ha propuesto el señor presidente”.

La propuesta ha generado fuertes críticas. Jerome Sanabria, vocera del colectivo No Con Mi Ahorro, advirtió: “Aquí hay un error de base: el dinero en los fondos es propiedad de los trabajadores, no del Gobierno. Lo que se plantea ahora es pasar por encima de la libertad de elección y de la ley de doble asesoría. Esto es una expropiación directa del ahorro de las personas”.

Al consultar a expertos en derecho pensional, han señalado que el traslado masivo contravendría al menos tres normas vigentes: la Ley 100 de 1993, que garantiza la libertad de elección del régimen; el Decreto 2090 de 2003, que define las actividades de alto riesgo; y la Ley 1748 de 2014, que exige doble asesoría para cualquier cambio de régimen. “Aunque Colpensiones está en su derecho de solicitar el traslado, hacerlo en masa implicaría torcer varias normas”, explicó un analista citado por El Tiempo.

Desde julio de 2025, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) dejó de admitir aportes adicionales para afiliados de alto riesgo que permanezcan en fondos privados, lo que hace parte de la estrategia del Gobierno para acelerar los traslados antes de que entre en vigencia la reforma pensional. Dussán confirmó que “ya los ministros le mandaron una carta a los fondos privados diciendo: devuélvame la plata a Colpensiones”.

En medio de una presión fiscal creciente, el Gobierno ha suspendido la regla fiscal y radicado una reforma tributaria por $16,3 billones para financiar el presupuesto de 2026. Con ese entendido, la solicitud de Colpensiones para trasladar los ahorros de más de 45.000 trabajadores de alto riesgo desde fondos privados ha desatado un pulso jurídico, político y financiero. Mientras la entidad sostiene que se trata de corregir una afiliación indebida y fortalecer el Pilar Solidario, sectores críticos advierten que la medida vulnera derechos adquiridos y podría constituir una expropiación del ahorro individual. El debate, lejos de resolverse, podría escalar hasta la Corte Constitucional.

Juan Joya