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La controversia en torno a la EPS Coosalud sigue creciendo tras la revelación del acta que confirma su aprobación para fungir como codeudora en un crédito por 221.000 millones de pesos. Este documento, firmado de manera unánime por la Junta Directiva de Coosalud Inversa S.A., detalla cómo la EPS fue clave para garantizar el endeudamiento con el Banco GNB Sudameris, una operación que hoy está bajo la lupa de las autoridades.
La operación financiera aprobada por unanimidad
En noviembre de 2022, durante una reunión de la Junta Directiva de Coosalud Inversa S.A., se autorizó la suscripción de un crédito por 221.000 millones de pesos con el Banco GNB Sudameris. Según el acta, la EPS Coosalud se comprometió como codeudora, ofreciendo garantías personales, reales y fiduciarias para respaldar la deuda.
El acuerdo establecía un plazo de 10 años para el pago, con tres de gracia para el capital. Según lo consignado, la ampliación de la capacidad de endeudamiento buscaba fortalecer las operaciones de Coosalud Inversa y financiar inversiones estratégicas.
https://twitter.com/Supersalud/status/1865110119500886017
Hallazgos de la Superintendencia de Salud
La Superintendencia de Salud, tras 15 días de intervención en Coosalud EPS, confirmó que los recursos de la entidad fueron usados para cubrir obligaciones financieras de la empresa privada, un hecho que calificó como irregular y que trasladará a la Fiscalía.
El superintendente Giovanni Rubiano explicó que, en noviembre de 2024, el Banco GNB Sudameris notificó el incumplimiento del crédito, activando las cláusulas de aceleración. Esto llevó a que los recursos públicos destinados al sistema de salud fueran comprometidos para saldar la deuda, apenas dos días antes de la intervención oficial.
Preocupación por el uso de recursos públicos
Rubiano denunció que se habrían utilizado dineros de los afiliados a Coosalud para cubrir esta obligación financiera, algo que podría constituir un grave desvío de fondos. La Superintendencia señaló que, además de comprometer la estabilidad financiera de la EPS, la operación afecta directamente los recursos destinados al cuidado de los usuarios.
Este hallazgo genera interrogantes sobre la transparencia del proceso y sobre el rol de la junta directiva en la autorización de esta operación.
Investigaciones en curso
La Superintendencia adelantará las denuncias ante la Fiscalía para determinar las responsabilidades penales y administrativas. Este caso pone nuevamente en el foco las irregularidades en la gestión de recursos del sistema de salud, dejando en evidencia la necesidad de mayores controles sobre el uso de los fondos públicos.
La situación plantea dudas sobre el futuro de Coosalud EPS y la garantía de los servicios médicos para sus afiliados, mientras las autoridades avanzan en esclarecer las implicaciones de este crédito millonario.
Humberto ‘Toto’ Torres
