Contrato de zonas verdes en Medellín: Fiscalía expone indicios de direccionamiento millonario durante el gobierno de Daniel Quintero

El juicio por las presuntas irregularidades en un contrato para el mantenimiento de zonas verdes en Medellín abrió un capítulo determinante este martes. En la primera audiencia, la Fiscalía introdujo un elemento que elevó la tensión judicial: el convenio, de más de 5.000 millones de pesos, habría sido adjudicado a la empresa Reforestadora El Líbano meses antes de que esta demostrara la capacidad técnica exigida para ejecutarlo. Para el ente acusador, se trata de “un indicio claro de direccionamiento previo”, una afirmación que marca el tono del proceso.

Según la investigación, la administración de Daniel Quintero habría desplazado al Jardín Botánico, tradicional responsable de estas labores, para entregar el contrato a la compañía privada representada por Luz Henao. La Fiscalía sostiene que “la propuesta escogida no solo era menos favorable, sino que se habría movido por hilos políticos en el Suroeste antioqueño”, presuntamente ligados a figuras locales como el fallecido Asdrúbal Vélez, esposo de Henao y hermano del alcalde de Andes.

En la misma línea, fueron llamados a juicio la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego, y el exgerente de Metroparques, Jorge Liévano. Todos se declararon inocentes; sin embargo, el panorama judicial es cada vez más complejo. El fiscal del caso advirtió que presentará pruebas documentales, correos internos y testimonios que evidenciarían cómo el proceso habría sido ajustado para favorecer a la empresa privada, incluso por encima del interés público que debía primar en este tipo de contratos.

La fecha clave será el próximo 26 de enero de 2026, día en que la Fiscalía revelará los elementos centrales que podrían definir el rumbo del caso y determinar si, como presume el ente investigador, este contrato fue un ejemplo más de cómo se manipularon decisiones administrativas durante la era Quintero.

Humberto ‘Toto’ Torres