Contrato de grúas en Bogotá: denuncian que la ciudad asume los riesgos y los privados se llevan las ganancias

En el debate de control político sobre el contrato de grúas y parqueaderos en Bogotá, el concejal Fabián Puentes, del Partido Político MIRA y presidente de la Comisión del Plan, presentó un panorama crítico que, según dijo, evidencia un desequilibrio financiero en perjuicio de la ciudad y graves fallas en la operación del servicio.

Puentes denunció que el modelo actual beneficia ampliamente al concesionario privado, mientras los recursos públicos se ven afectados. Según sus cifras, entre 2018 y 2025 el Distrito dejó de percibir más de 95 mil millones de pesos por concepto de exoneraciones: 22 mil millones en grúas y más de 73 mil millones en parqueaderos.

“Este no es un detalle menor. Es la evidencia de que el proceso de inmovilización está faltando a su propósito, o de que se están inmovilizando vehículos sin justa causa, con protocolos poco claros”, advirtió el cabildante.

A ello se suma, según el concejal, el incumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario. Como ejemplo, señaló que 51 grúas acumulan 57 comparendos desde el inicio de la concesión, lo que refleja problemas de mantenimiento, falta de capacitación de los conductores y una interventoría sin el rigor necesario para hacer seguimiento efectivo.

El panorama económico tampoco favorece al Distrito. Puentes resaltó que el concesionario recibe más del 82 % de los ingresos, mientras la ciudad apenas percibe el 18 %. “El riesgo lo asume Bogotá, pero los beneficios se concentran en el privado. Es un desequilibrio que raya en la claudicación del interés público”, afirmó.

Propuestas para corregir el modelo

En su intervención, Puentes presentó varias medidas para replantear el contrato:

• Auditoría inmediata a las exoneraciones, para establecer si las fallas corresponden a errores administrativos, aplicación de la norma o procedimientos.

• Controles en campo, que permitan verificar físicamente el estado de la flota de grúas y no depender solo de documentos.

• Atención ciudadana responsable, con servicio 24/7 en condiciones seguras y focalizado en las zonas de mayor demanda.

“Bogotá no merece un contrato que castigue a los ciudadanos, sino uno que garantice justicia y equidad”, concluyó el concejal, al instar a la administración distrital a tomar medidas urgentes frente a esta situación.

Paola Martínez Burgos