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¿Cómo justificar que, mientras miles de niños dependen de este programa para su nutrición básica, las irregularidades sigan repitiéndose año tras año?
La Contraloría General de la República informó este lunes 9 de febrero que las auditorías adelantadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en distintas regiones del país permitieron identificar hallazgos fiscales por $53.117 millones, asociados a presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos destinados a garantizar la alimentación de estudiantes del sistema educativo oficial.
Según lo confirmó el organismo de control, los hallazgos están relacionados con sobrecostos en contratos, pagos sin el debido soporte documental, deficiencias en la supervisión y fallas en los procesos de contratación. En varios casos, se evidenció que el pago de las raciones no fue plenamente verificado como entregado o que se facturó por encima de los valores pactados contractualmente.
El Programa de Alimentación Escolar es una política pública que busca asegurar el acceso diario a alimentos para niñas, niños y adolescentes durante la jornada escolar, con el fin de apoyar su nutrición, permanencia y rendimiento académico. En 2025, el PAE alcanzó una cobertura nacional cercana al 82 %, beneficiando a más de 5,6 millones de estudiantes en todo el país, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad social y económica.
La Contraloría también reportó presuntas irregularidades por $28.863 millones en recursos del Sistema General de Regalías, utilizados para financiar el PAE en departamentos como Nariño, Quindío, Meta y Arauca. Según el informe, estas fallas se presentaron en distintas fases del proceso, desde la planeación y contratación hasta el cumplimiento de los lineamientos técnicos y nutricionales exigidos por el programa.
Estos hallazgos se suman a advertencias previas del ente de control. En noviembre de 2025, la Contraloría alertó sobre un riesgo de desfinanciación del PAE, situación que podría afectar la continuidad del servicio en varias entidades territoriales. A ello se agregan antecedentes de retrasos en el inicio del programa que, en años recientes, dejaron a más de 700.000 estudiantes sin alimentación escolar durante las primeras semanas del calendario académico.
Las auditorías también evidenciaron debilidades en la planeación, control y seguimiento de los contratos suscritos por entidades territoriales certificadas y operadores del programa. Las observaciones, según la entidad, comprometen la correcta ejecución de recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos del PAE. La Contraloría anunció procesos de seguimiento para establecer posibles responsabilidades fiscales y administrativas.
Con este nuevo informe, se pone en entredicho la gestión del Programa de Alimentación Escolar, uno de los principales componentes de apoyo social del sistema educativo en el país, en un panorama marcado por la presión presupuestal, la alta dependencia del servicio por parte de millones de estudiantes y la necesidad urgente de garantizar que los recursos públicos se traduzcan en raciones entregadas con calidad, oportunidad y cobertura suficiente.
Juan Joya
