Contraloría revela que represamiento en la Agencia Nacional de Tierras afecta formalización de propiedad rural

Un informe de la Contraloría General de la República evaluó la ejecución del Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PNFMPR), una piedra angular del Acuerdo Final de Paz. Aunque se observa un progreso significativo, persisten obstáculos que comprometen su efectiva implementación, destacando dificultades institucionales a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

El objetivo del Plan es beneficiar a campesinos, comunidades étnicas y personas afectadas por la violencia y la pobreza, buscando formalizar la propiedad rural, fomentar la distribución equitativa de la tierra y garantizar seguridad jurídica.

Hasta la fecha, se ha formalizado aproximadamente 1.7 millones de hectáreas, mientras que la meta del Acuerdo de Paz es alcanzar 7 millones de hectáreas. Según la ANT, unas 51,522 familias han completado el proceso de formalización.

El primer desafío identificado es el prolongado tiempo de respuesta para los postulantes, originado por inconsistencias en el Registro de Sujetos de Ordenamiento de la Propiedad Rural (RESO). Desde su creación en 2017, el RESO ha recibido 879,945 solicitudes, con un 83% consideradas potenciales beneficiarios, y un 18% sin respuesta. Sorprendentemente, el 81% de las solicitudes aún se encuentra en la primera etapa, generando incoherencias respecto a la progresión esperada del proceso.

Adicionalmente, se destaca que el 89% de las solicitudes en RESO carece de puntaje, el 7% tiene información ausente, y el 5% posee puntajes superiores al límite establecido (100%). Estas cifras revelan la necesidad urgente de abordar las inconsistencias y mejorar la eficiencia del proceso de formalización de la propiedad rural.

Como resultado de lo mencionado anteriormente, las solicitudes de inclusión en el RESO, al momento de realizar este estudio (4/12/2023), han superado los 1,254 días de espera, con algunas fechadas hace más de tres años sin recibir respuesta. Adicionalmente, aquellos admitidos deben esperar un promedio de 670 días (22 meses) para la expedición de la resolución de inclusión en el RESO.

De acuerdo al estudio de la Contraloría, la carga de deficiencias históricas heredadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) del antiguo INCORA e INCODER persiste, manifestándose en la debilidad de la trazabilidad del proceso y en las dificultades en los sistemas de información, obstaculizando la agilidad en la formalización masiva de la propiedad rural.

Además, durante el periodo 1990-2003, bajo la gestión del INCORA, la adjudicación de predios baldíos y bienes fiscales a personas naturales promedió entre 18 y 26 años de trámite. El INCODER redujo estos plazos a 5 y 1 año, respectivamente, para el año 2015. La ANT ha logrado disminuir aún más los tiempos a menos de un año en 2022 y 2023, gestionando miles de expedientes anuales, a diferencia de las entidades antecesoras que manejaban decenas o centenas.

A partir de 2021, la ANT emite actos administrativos a mayor velocidad que los folios de matrícula de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP). Sin embargo, se observa un represamiento en la adjudicación de predios baldíos a personas naturales y la formalización de predios privados, indicando que las ORIP son el principal cuello de botella para el plan de formalización.

Según el estudio, se identificó que factores como la ausencia de un catastro multipropósito y otros mecanismos limitan la concordancia entre lo registral y lo catastral. Además, la débil trazabilidad en los procesos de adjudicación y formalización de tierras, junto con una oferta limitada de tierras, contribuyen a las dificultades identificadas por la Contraloría, especialmente en municipios de categorías rural y rural disperso, donde se concentra la mayor área de tierra ofertada, pero con precios significativamente más bajos debido a la falta de infraestructura adecuada.

Paola Martínez Burgos