Contraloría exige redoblar acciones ante emergencia invernal en Córdoba: anuncia vigilancia estricta al manejo de recursos

Este lunes 2 de marzo, la Contraloría General de la República informó que mantiene un seguimiento especial a la forma en que se están asignando y ejecutando los recursos públicos destinados a atender la emergencia por las fuertes lluvias en el país. Este control incluye fondos del Gobierno Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como aportes de departamentos y municipios afectados. Tras una visita técnica a zonas inundadas de Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, en el departamento de Córdoba, el organismo advirtió que gran parte del agua permanece estancada.

Según el ente de control, esta situación podría requerir “bombeo mecánico para conducirlas a los ríos y caños cercanos”, con el fin de evitar riesgos sanitarios derivados de su descomposición. El informe también manifestó preocupación frente a una presunta orden de eliminar diques y compuertas en zonas inundadas sin verificar previamente su legalidad. En ese sentido, el ente de control señaló que estas estructuras deben contar con estudios hidráulicos y con la autorización de las autoridades ambientales competentes.

En ese sentido, advirtió que de no cumplirse estos requisitos, podrían generarse “males mayores y riesgos de afectación al patrimonio público”, al alterar el comportamiento natural del agua. Además, alertó que se podrían desconocer derechos adquiridos de “manera legal por comunidades y propietarios afectados por estas decisiones.

“De igual forma, hacemos notar que a esta fecha hay reportadas 81.114 familias (225.675 personas) afectadas en 25 municipios del departamento de Córdoba; 150.500 hectáreas de cultivos inundadas; 65 acueductos afectados; 16 centros de salud afectados; 464 instituciones educativas afectadas; 1.948 km de vías afectadas; 124 puentes vehiculares y 1 puente peatonal afectados, lo cual dimensiona el tamaño de la emergencia y la urgencia en que debe ser atendida”, se lee en el comunicado.

Ante este panorama, la Contraloría hizo un llamado directo al Gobierno Nacional y, en especial, a la UNGRD para que intensifiquen las acciones de atención. La entidad pidió “redoblar esfuerzos” y priorizar la entrega oportuna de ayudas a los damnificados, teniendo en cuenta la gravedad de la situación. De igual forma, instó a los entes territoriales a avanzar con mayor agilidad en el Registro Único de Damnificados, proceso que actualmente alcanza el 95 % del estimado de personas afectadas.

Finalmente, el organismo de control reiteró la necesidad de garantizar una correcta inversión de los recursos asignados para esta emergencia, con el fin de evitar escenarios como los advertidos en 2023 por la baja ejecución presupuestal. Además, confirmó que ya se encuentra realizando seguimiento a las medidas tributarias adoptadas en el marco del Decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica 0150 de febrero de 2026. En este sentido, advirtió que “cada recurso que se recaude deberá ser destinado única y exclusivamente para lo que se decretó esta emergencia y en este sentido la Contraloría verificará su recaudo, destinación y uso”, concluyó.

Dayineth Isabel Molina Velásquez