Contraloría exige al Gobierno sustentar recaudo de $8,68 billones por emergencia económica y advierte riesgos fiscales

La Contraloría General de la República encendió las alertas frente a la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional y solicitó soportes técnicos y financieros que justifiquen el recaudo de $8,68 billones, al tiempo que advirtió sobre posibles vacíos legales en los decretos expedidos y el riesgo de desfinanciación de programas clave.

El ente de control subrayó que los recursos deben ejecutarse bajo un Plan de Acción Específico, liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de garantizar su adecuada destinación y seguimiento. La medida se da en el contexto de la emergencia declarada a inicios de febrero, tras las fuertes lluvias en el norte del país que han afectado a más de 335.000 personas, especialmente en el departamento de Córdoba.

En un comunicado oficial, la entidad explicó que solicitará información detallada al Ministerio de Hacienda, la UNGRD y demás carteras involucradas, con el objetivo de entender de manera clara la necesidad del recaudo y los criterios utilizados para distribuir los recursos. Según la Contraloría, se busca establecer con precisión cómo se definieron los montos y su asignación entre los sectores impactados.

Uno de los principales llamados de atención está relacionado con el manejo presupuestal. La Contraloría advirtió que trasladar recursos del presupuesto general hacia la UNGRD podría generar desfinanciación en programas existentes, por lo que insistió en la necesidad de definir desde ahora los mecanismos para reponer esos dineros y evitar afectaciones a otras políticas públicas.

Asimismo, el organismo fue enfático en pedir que no se utilicen recursos de los fondos de energía para financiar acciones de la UNGRD, argumentando que esta entidad no cuenta con la capacidad técnica ni la estructura organizacional necesaria para asumir proyectos relacionados con la infraestructura eléctrica, como su diseño, ejecución e interventoría.

Otro punto crítico señalado por la Contraloría tiene que ver con las modificaciones planteadas en la operación de embalses. La entidad advirtió que flexibilizar las obligaciones ambientales de las hidroeléctricas podría derivar en incumplimientos contractuales en la venta de energía, lo que abriría la puerta a riesgos tanto económicos como jurídicos para el país.

En materia tributaria, el organismo también pidió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) mayor rigurosidad en el recaudo de los nuevos tributos, especialmente el impuesto al patrimonio. Este gravamen para empresas entrará en vigor el próximo 1 de abril, en medio de fuertes críticas del sector empresarial.

De hecho, el Consejo Gremial, que agrupa a más de 30 organizaciones, ha advertido que la medida podría generar un deterioro económico significativo, por lo que solicitó su suspensión ante la Corte Constitucional, elevando así el debate sobre el impacto de las decisiones fiscales adoptadas en el marco de la emergencia.

La controversia plantea un escenario de tensión entre el Gobierno, los organismos de control y el sector productivo, en medio de una coyuntura climática que exige respuestas urgentes, pero también transparencia, sostenibilidad fiscal y rigor en la ejecución de los recursos públicos.

Humberto ‘Toto’ Torres