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La Contraloría General de la República, a través de su delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, adelantó auditoría a la gestión fiscal desplegada para el pago de pensiones, cesantías y prestación de servicios médicos asistenciales a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG- y sus beneficiarios, en la que se detectaron hallazgos fiscales por $81.593 millones.
Esta auditoría financiera se adelantó durante el primer semestre de 2025, sobre la vigencia 2024, producto de la cual se configuraron veintiún (21) hallazgos, de los cuales, veinte (20) tienen presunta connotación disciplinaria, tres (3) tienen presunta incidencia penal, uno (1) otra incidencia para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y siete (7) incidencia fiscal por $81.593 millones. Se evaluaron tres componentes principales: Pensiones, cesantías y servicios de salud del Magisterio, incluyendo el nuevo modelo.
Como resultado de esta auditoría se encontraron inconsistencias en la gestión de cobro de cartera y la adecuada depuración de obligaciones prescritas, la provisión de procesos judiciales en contra del Fondo, el registro de mesadas pagadas con posterioridad al fallecimiento de los destinatarios, la falta de registro de provisiones de facturas de salud pendientes de auditoría con reserva presupuestal. Por la ineficiente gestión en el cobro de cartera, se constituyó hallazgo con incidencia fiscal, por cerca de $23.800 millones.
Igualmente, se identificaron 46 fallos pagados después de diez meses a partir de la fecha de ejecutoria, incumpliendo el plazo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y ocasionando el pago de intereses moratorios por cerca de $3.210 millones, lo que genera menoscabo del patrimonio público, configurando así un hallazgo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria.
La Contraloría de manera recurrente ha detectado inoportunidad en el reconocimiento y pago de cesantías, trámite en el que interviene tanto Fiduprevisora como las Entidades Territoriales, causando la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006. Es así como, se evidenciaron pagos de sanciones moratorias por $4.220 millones con recursos TES. Por parte del Consejo de Estado, Tribunales Superiores Administrativos y juzgados administrativos, se reciben compulsas de copias de forma reiterativa, conminando a la Contraloría a que, en el marco de sus competencias, determine la responsabilidad fiscal por los pagos de estas sanciones. Se recibieron más de 100 solicitudes relacionadas con el pago de sanciones moratorias.
Por otra parte, se identificaron pagos de sanciones moratorias por cerca de $48.100 millones con recursos del FOMAG, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 en relación con la destinación específica de los recursos del Fondo, motivo por el cual se estructuró hallazgo fiscal y con presunta connotación penal para ser trasladado a la Fiscalía General de la Nación, por la indebida destinación de estos recursos.
En este ejercicio de control fiscal, al igual que en vigencias anteriores, se determinó la presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del FOMAG, así como de las entidades territoriales, por lo que, se reitera el llamado para que se desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones continuamente evidenciadas, para evitar pagos por sanción moratoria e intereses moratorios, los cuales lesionan el patrimonio público de todos los colombianos.
Con ocasión de controversias con operadores de salud, Fiduprevisora suscribió 10 contratos de transacción en 2023 y 2024, cuyo valor asciende conjuntamente a $1.191.268.246.910 (cerca de $1,2 billones). Sin embargo, no se evidenció aprobación por parte del Consejo Directivo para su suscripción, por lo que, se estructuró hallazgo en virtud del cual se efectuarán los traslados correspondientes a la Procuraduría General y a la Fiscalía General de la Nación.
Nuevo modelo de salud
Por otra parte, en desarrollo de esta auditoría se recibieron hechos noticiosos, por la presunta conformación indebida de grupos empresariales para el favorecimiento de algunas IPS, así como la presunta constitución de sociedades ficticias y la destinación de recursos a sociedades radicadas fuera del país con fines de presunto ocultamiento de recursos y enriquecimiento ilícito. Igualmente, se han denunciado presuntos casos de interés indebido en la celebración de contratos de transacción. Estas situaciones pueden constituir presuntos hechos penales, que fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
En relación con la implementación y ejecución del nuevo modelo de salud durante la vigencia 2024, se estructuraron hallazgos con presunta connotación disciplinaria derivados de lo siguiente:
- Omisión en la constitución de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) para el pago de contratos y/o facturas provisionadas al cierre de 2024, por cerca de $75 mil millones, motivo por el cual, eventuales obligaciones derivadas de la prestación del servicio quedaron sin respaldo presupuestal.
- Inoportunidad en la formulación de glosas a facturas de prestación de servicios médicos, situación que podría generar riesgo de pérdida de recursos públicos ante la posibilidad de reclamaciones para el pago de intereses.
- Se evidenció que, para 52 contratos, por cerca de $648 mil millones, no se suscribió acta de inicio, así mismo en 6 contratos de prestación de servicios de salud, por cerca de $168 mil millones, no se constituyeron las garantías contractualmente pactadas, o su constitución no fue oportuna; lo que podría encuadrarse en el tipo penal de “Contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, motivo por el cual, se realizará traslado a la Fiscalía General de Nación.
- Se identificaron 13 contratos de prestación de servicios de salud por cerca de $525 mil millones que iniciaron ejecución sin la expedición previa de los correspondientes CRP, por lo que se inició la ejecución contractual sin contar con amparo presupuestal.
- En relación con el contrato 12076-024-2024 de servicios de salud del primer nivel, se evidenciaron múltiples falencias en la determinación de la población a atender y del valor, puesto que inicialmente se suscribió por $31.184.144.994 y finalmente se modificó a $776.911.624, sin que se haya efectuado oportunamente la liberación de saldos por $30.407.233.370, lo cual evidencia un alto grado de improvisación en la contratación de servicios médicos.
- Se evidenciaron incongruencias en las fechas de las actas de recibo de los módulos del Sistema SUIM-HORUS (sistema para la administración del nuevo modelo), teniendo en cuenta que algunos módulos se instalaron con anterioridad a la fecha de suscripción e inicio del contrato.
- Se identificó que, al contrato 12076-008-2020 con la UT Riesgos Laborales, cuyo valor inicial fue $4.039.490.000, se le realizó adición equivalente al 127,6% por $5.154.092.104, porcentaje superior al límite del 50% para las adiciones, según el Manual de contratación vigente para la época de los hechos. Asimismo, se evidenció incumplimiento del plazo para el pago de 43 facturas, lo que puede implicar la generación de intereses por mora.
- Las situaciones evidenciadas en lo concerniente al nuevo modelo de salud, guardan relación con lo evidenciado por la CGR en el seguimiento permanente adelantado en 2024, objeto de 5 alertas y una advertencia emitida por el Contralor General de la República.
- Igualmente, se tuvo en cuenta el riesgo de pago de servicios no prestados al no estar habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud -REPS, objeto de advertencia emitida con ocasión del seguimiento permanente, sin que se evidenciara la materialización de pérdida de recursos públicos a este momento. Sin embargo, se tendrá presente la advertencia para evitar un posible daño al patrimonio público, conforme con los hechos advertidos.
La Contraloría General continuará ejerciendo control fiscal sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es así como en el marco del control posterior y selectivo, se han establecido entre 2023 y 2025 un total de 61 hallazgos, 23 de estos con connotación fiscal por más de $548 mil millones, 54 tienen presunta connotación disciplinaria, 4 presunta incidencia penal y 5 con otra incidencia, fueron trasladados al Ministerio de Salud, DIAN y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Sala Digital Colmundo
