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La Contraloría General de la República determinó que, durante la intervención forzosa a Asmet Salud EPS, se realizaron giros injustificados por $23.426 millones a prestadores de salud, en lo que constituye uno de los principales hallazgos fiscales en el sector salud en los últimos meses. El ente de control evidenció un presunto detrimento millonario en plena intervención de la EPS.
El hallazgo forma parte de una auditoría de cumplimiento practicada a la gestión administrativa, financiera y contractual de Asmet Salud en las vigencias 2023 y 2024, que arrojó irregularidades fiscales por un total de $24.849 millones. La auditoría reveló inconsistencias fiscales por casi $25.000 millones.
Según el informe de la Contraloría, el grueso del detrimento patrimonial —$23.426 millones— se originó en pagos que superaron los montos aprobados inicialmente para giro directo a prestadores de servicios de salud y que fueron autorizados por la firma RG Auditores S.A.S., designada como interventora por la Superintendencia Nacional de Salud en medio del proceso. Los pagos excedieron los valores autorizados para giro directo a prestadores.
“El ente de control concluyó que la interventoría modificó de manera injustificada e ilegal los montos aprobados para los pagos directos”, señala el comunicado oficial. La interventoría habría alterado ilegalmente los montos aprobados.
La Contraloría precisó que la EPS había certificado la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo, por un total de $47.809 millones; sin embargo, a 74 de estos prestadores se les giraron montos superiores a los inicialmente aprobados, lo que explica la discrepancia detectada. 74 prestadores recibieron pagos por encima de lo autorizado.
De los giros cuestionados, $24.383 millones ya han sido reintegrados; no obstante, aún quedan pendientes por recuperar $23.426 millones. Más de $23.000 millones siguen pendientes de recuperación.
En 2024, la EPS solicitó autorización para iniciar procesos de conciliación extrajudicial con los prestadores involucrados, pero estos esfuerzos han tenido poco efecto hasta ahora. De los 74 prestadores implicados, 27 rechazaron la conciliación, 29 no asistieron y 8 tienen sus procesos suspendidos. Esta situación ha limitado el avance en la recuperación de los recursos públicos. Las conciliaciones no han permitido recuperar los recursos pendientes.
La Contraloría también llamó la atención sobre el hecho de que no se encontró evidencia de gestiones administrativas o judiciales adelantadas por Asmet Salud contra la firma interventora para recuperar los recursos, a pesar de que la misma EPS ha señalado que no autorizó los pagos y que atribuye los giros a decisiones de la interventoría. No se evidencian acciones legales contra la firma interventora.
El organismo de control enfatizó que la obligación de recuperar recursos públicos no desaparece, incluso si la EPS no fue directamente responsable de autorizar los pagos observados. Como gestora fiscal de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), Asmet Salud está obligada a emprender acciones legales oportunas y eficaces para salvaguardar el patrimonio del sistema. La EPS debe responder por la protección de los recursos públicos del sistema de salud.
La auditoría representa un nuevo capítulo en la vigilancia fiscal sobre entidades del sector salud, en un contexto en el que la gestión de recursos y la intervención de EPS han estado en el centro de múltiples debates sobre eficiencia, transparencia y atención a los usuarios. El caso reaviva el debate sobre la transparencia y el manejo de recursos en las EPS intervenidas.
Paola Andrea Martínez Burgos
