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La Contraloría General de la República reveló nuevas irregularidades en los Planes Departamentales de Agua (PDA) tras auditorías realizadas en seis departamentos del país. El balance es contundente: 14 hallazgos fiscales por más de $14.298 millones durante el primer semestre de 2025, lo que confirma que persisten problemas estructurales en la planeación, contratación y ejecución de estos proyectos.
Estos resultados se suman a los procesos de control adelantados desde 2020 por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, que en total han identificado hallazgos fiscales superiores a $259.460 millones en el país.
“Aunque los PDA nacieron como una estrategia para cerrar brechas en el acceso al agua potable y saneamiento básico, la evidencia demuestra que no han cumplido su objetivo de garantizar un acceso equitativo y sostenible”, señala el informe.
Brechas críticas en cobertura
La radiografía nacional es alarmante. El acueducto urbano alcanza una cobertura del 92%, pero en zonas rurales apenas llega al 43,38%, dejando a más de 10 millones de colombianos sin un servicio formal, confiable y seguro. El panorama del alcantarillado es aún más crítico: en el sector rural no supera el 16%, generando una brecha urbano-rural cercana a los 70 puntos porcentuales.
Deficiencias reiteradas y desigualdad territorial
La Contraloría consolidó información de los gestores PDA de los 32 departamentos y encontró que el 12,5% de los municipios del país no está vinculado a la estrategia por limitaciones técnicas, de planeación y gestión.
Además, se evidencia una gran desigualdad en la distribución de proyectos: mientras Cundinamarca reporta más de 1.500, departamentos como Vichada, Risaralda o Putumayo informaron menos de 20. De los 5.281 proyectos registrados, 389 están suspendidos, 29 en litigio jurídico y 8 incumplidos, lo que refleja graves fallas de planeación y control.
“El enfoque territorial con prioridad en zonas apartadas, con el que fue concebida la estrategia PDA, no se ha ejecutado de manera efectiva”, advirtió el organismo de control.
Los hallazgos más críticos por departamento
Las auditorías pusieron en evidencia múltiples casos de mala planeación y detrimento patrimonial:
- Antioquia: hallazgos por más de $8.700 millones. En Nechí, obras por $4.987 millones no garantizan el servicio de agua potable, mientras en Anzá se pagaron $3.644 millones sin cumplimiento contractual.
- Santander: hallazgos por más de $2.200 millones. En Curití, la PTAR por $1.314 millones está en avanzado deterioro; en Florián se detectaron pagos por equipos no instalados por $739 millones.
- Bolívar: un hallazgo por $1.433 millones en la ampliación del alcantarillado de San Cristóbal. Aunque fue recibido y liquidado, el sistema no opera por fallas técnicas.
- Guainía: hallazgos por $1.455 millones en contratos inconclusos y pagos sin soporte, con alta afectación a comunidades indígenas.
- Sucre y Guaviare: irregularidades por $364 millones y $95 millones, respectivamente.
Un modelo en crisis
La Contraloría concluye que los PDA presentan “graves deficiencias de planeación, ejecución y supervisión”, lo que ha derivado en proyectos inconclusos, mal ejecutados o sin beneficio real para las comunidades.
“Los recursos públicos terminan invertidos en proyectos que no garantizan servicios efectivos, mientras la brecha urbano-rural sigue intacta”, advierte el informe.
El organismo de control insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control, con enfoques diferenciales y territorialmente pertinentes, para cerrar de manera real las brechas de acceso al agua potable y saneamiento básico.
Humberto ‘Toto’ Torres
