Contraloría archiva procesos contra el gobernador de Antioquia por construcción de CAI en Rionegro

La Contraloría General de la República archivó los procesos de responsabilidad fiscal adelantados contra el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, relacionados con la construcción de los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, ejecutados durante su gestión como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019, al concluir que no existió daño patrimonial ni perjuicio a los recursos públicos.

Según el organismo de control, la decisión se sustenta en que las obras sí fueron ejecutadas, entregadas formalmente y destinadas al propósito para el cual fueron contratadas, lo que descarta la existencia de detrimento fiscal. En su análisis, la Contraloría estableció que los recursos invertidos no se perdieron y los bienes construidos existen, están habilitados y prestan servicio a la comunidad.

El ente de control precisó que, tras la evaluación técnica y jurídica del caso, no se configuró un menoscabo definitivo del patrimonio público, razón por la cual no era procedente declarar responsabilidad fiscal en contra del mandatario departamental. En ese sentido, la decisión reiteró que sin la demostración de un daño fiscal no puede haber sanción, conforme a los principios que rigen la responsabilidad fiscal.

En el detalle del fallo, la Contraloría indicó que la infraestructura del CAI de San Antonio de Pereira fue entregada y recibida por la Policía Nacional, y que su uso para labores de seguridad ciudadana quedó debidamente acreditado mediante contratos de comodato, actas de entrega y órdenes de servicio. Una situación similar fue verificada en el caso del CAI de Cuatro Esquinas, donde también se constató su correcta destinación.

Asimismo, el Despacho concluyó que los recursos públicos se orientaron a satisfacer una necesidad colectiva, en coherencia con la política de seguridad ciudadana, y que los proyectos se ajustaron a los parámetros de planeación institucional y metodológica adoptados por la Policía Nacional.

Finalmente, tras la realización de una visita técnica y la elaboración de un informe especializado, la Contraloría comprobó que ambas obras se encuentran en funcionamiento y cumplen la función para la cual fueron contratadas, cerrando así los procesos fiscales al no evidenciarse irregularidades que afectaran el erario.

Sala Digital Colmundo