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La Contraloría General de la República advirtió que el 97 % de las universidades públicas del país no logra sostener su operación de manera adecuada, tras un estudio que evaluó la sostenibilidad financiera del Sistema Universitario Estatal entre 2019 y 2024. El análisis incluyó a las 34 instituciones públicas y revisó su situación presupuestal, operativa y financiera.
El informe examinó ingresos, gastos, estructura de costos, niveles de inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento, además del comportamiento del pasivo pensional, identificado como una de las principales cargas estructurales del sistema universitario público. La evaluación se realizó bajo criterios de eficiencia, equidad, autonomía financiera y sostenibilidad fiscal.
Uno de los hallazgos más relevantes es la alta concentración de los recursos públicos en un reducido grupo de universidades. Según la Contraloría, la Universidad Nacional de Colombia, la UNAD, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos territoriales, lo que evidencia fuertes asimetrías dentro del sistema.
Esta concentración también se refleja en los ingresos por estudiante, con diferencias significativas entre instituciones. Mientras la Universidad Nacional registra ingresos por $11.426.139 por estudiante y la UNAD $525.777, el promedio nacional se sitúa en $4.512.090 durante el periodo analizado, lo que revela desigualdades estructurales en la financiación.
El comportamiento del gasto mantiene una tendencia similar. A nivel nacional, la Universidad Nacional y la UNAD concentraron el 36,3 % de los gastos y el 50 % de los costos, mientras que en el ámbito territorial la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle representaron el 36,4 % de los gastos y el 44,4 % de los costos, de acuerdo con el estudio.
En términos de solvencia financiera, el 75,8 % de las universidades, equivalente a 25 instituciones, presenta indicadores iguales o superiores a 3, lo que indica una capacidad aceptable para responder por sus obligaciones. No obstante, el 24,2 %, correspondiente a ocho universidades, muestra niveles más bajos de solvencia, lo que refleja una mayor fragilidad financiera.
El informe también alerta sobre el crecimiento del pasivo pensional del sistema universitario público, que alcanzó los $10,3 billones en 2024 y podría incrementarse debido a la falta de actualización de los cálculos actuariales en varias instituciones. Esta carga está altamente concentrada en la Universidad Nacional, con $4,5 billones, y la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que juntas representan el 57,8 % del total.
Según el ente de control, el peso del pasivo pensional limita la inversión en docencia e infraestructura y restringe el crecimiento institucional, afectando la capacidad de las universidades para ampliar cobertura y mejorar la calidad educativa.
Las consultas realizadas a 31 universidades públicas refuerzan estos hallazgos y señalan problemas recurrentes como la insuficiencia de los aportes estatales, el aumento sostenido de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las dificultades para generar ingresos propios, factores que comprometen la sostenibilidad del sistema.
El estudio también analizó el impacto fiscal del proyecto de ley que reforma la Ley 30 de 1992. Mientras el Ministerio de Educación calcula un costo de $22,1 billones entre 2027 y 2040, la Contraloría estima un impacto mayor, de $27,8 billones entre 2027 y 2036. Aunque el organismo reconoce avances hacia la gratuidad y mayores niveles de financiación, advierte que cualquier incremento debe estar respaldado por fuentes claras, suficientes y sostenibles en el largo plazo.
El informe fue elaborado por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría General de la República, y plantea retos estructurales urgentes para garantizar la viabilidad financiera del sistema universitario público en Colombia.
