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A través de un comunicado, el organismo de control advirtió sobre los riesgos en la continuidad del servicio en el Caribe.
Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de Colombia, advirtió que diez millones de personas podrían llegar a quedarse sin el servicio público de energía en la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada). Para el organismo de control, existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio energético por parte del Ministerio de Minas, aspecto que cuenta con previa asignación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Rodríguez resaltó que la vigilancia y control sobre la correcta prestación de los servicios públicos es competencia tanto de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, según el funcionario, no se ha conocido hasta la fecha algún tipo de actuación especial desplegada por las autoridades competentes, a pesar de tratarse de una situación de especial gravedad.
https://twitter.com/CGR_Colombia/status/1830565685304418540
Ante esta situación, el funcionario hizo un llamado al Gobierno Nacional, a los ministerios y superintendencias involucradas, “como garantes de satisfacer las necesidades más esenciales de la población, a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio de energía eléctrica a las comunidades indicadas y evitar el riesgo sistémico”.
El ente de control expresó: “A juicio de la Contraloría General de la República, contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno Nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de la ‘opción tarifaria’, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos”.
Otro aspecto a considerar en la alerta es el incumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores de red en el mercado mayorista de energía, lo cual ha generado consecuencias principalmente en la zona Caribe, en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Así las cosas, para la Contraloría, las causas del riesgo son: el no pago de los subsidios por parte del Gobierno, ingresos no recaudados por la opción tarifaria y el incumplimiento de los operadores de red en el mercado mayorista. Este organismo ha venido realizando seguimiento a esta coyuntura desde hace dos años. En ese tiempo, la sostenibilidad del servicio ha dependido de los factores mencionados.
Por su parte, el senador del partido Cambio Radical, David Luna, anunció la citación a un debate de control político a representantes del Gobierno Nacional para abordar las preocupaciones sobre la disponibilidad y las altas tarifas de energía en el Caribe. La iniciativa busca aclarar por qué los costos de la energía en esta región del país siguen siendo exorbitantes.
“Petro tiene que recordar que no hay Caribe, quien más lo acompañó, y tiene que tener algo de sensibilidad, abandonar la prepotencia y ayudarle necesariamente al Caribe colombiano”, expresó el parlamentario.Conozca el pronunciamiento completo de la Contraloría en:
