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El ente de control advirtió sobre obras inconclusas, fallas en salud y alimentación, y violaciones sistemáticas a los derechos de los privados de la libertad.
La Contraloría General de la República presentó un informe que evidencia una situación crítica en el sistema penitenciario del país. Según el organismo de control, los Centros de Detención Transitoria (CDT) registran un hacinamiento superior al 500%, sin condiciones mínimas para operar y con ausencia total de programas de resocialización y trabajo. En el marco de una auditoría a 127 cárceles, se identificaron 119 hallazgos, de los cuales 15 tienen connotación fiscal por un valor de $78.400 millones. Estos hallazgos están relacionados con fallas en infraestructura, alimentación, salud y administración de recursos públicos.
El informe señala que entidades como la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Ministerio de Justicia incumplieron los Autos 1096 y 1745 de 2024 de la Corte Constitucional, que ordenaban la finalización de proyectos de infraestructura antes del 21 de abril de 2025. Sin embargo, obras en Espinal, Itagüí, Barranquilla, Ipiales y Buga siguen inconclusas o suspendidas, lo que ha dejado inhabilitados 4.783 cupos carcelarios.
En materia de alimentación, se detectaron condiciones insalubres en ranchos, centros de producción y vehículos transportadores de alimentos. Un caso emblemático es el del rancho de El Barne, donde se encontraron equipos sin uso por un valor de $331 millones. Estas deficiencias representan un riesgo sanitario para la población reclusa.
El componente de salud también presenta fallas graves. En establecimientos como La Modelo, La Picota y El Buen Pastor, en Bogotá, se reportaron equipos biomédicos fuera de servicio, 2.199 procedimientos médicos pendientes y 4.124 órdenes de medicamentos sin entregar. La Contraloría advirtió que algunas unidades de sanidad presentan deterioro físico, humedades y ausencia de espacios adecuados para atender enfermedades infectocontagiosas.
Además, se evidenció que en los CDT se encuentran personas con condenas firmes desde hace más de siete meses, lo que constituye una violación a los derechos fundamentales. Las ciudades con mayor hacinamiento en estos centros son Quibdó, Barranquilla y Bucaramanga, donde las condiciones físicas, sanitarias y operativas son calificadas como críticas.
El ente de control concluyó que “persiste una violación estructural, generalizada y continua a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”. El informe exige acciones urgentes y efectivas por parte del Estado para superar el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional y garantizar condiciones dignas en el sistema penitenciario.
Juan Joya
